Según Freedom in the World 2018, la última edición del informe anual sobre derechos políticos y libertades civiles ubicó a Cuba en el grupo de los 49 países no libres. Vale señalar que fue la única nación con ese estatus de América Latina.
Para ningún cubano es un secreto que, hace más de 60 años, no se realizan elecciones libres y competitivas.
La ruptura del hilo democrático inició con el golpe de Estado del militar de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952. En enero de 1959, 8 años después, el denominado Ejército Rebelde derrocó la dictadura batistiana mediante la lucha armada. Su principal líder, Fidel Castro Ruz, tomó el poder.
Aparentemente, el objetivo principal era restablecer la constitución de 1940 y el orden democrático. Pero el propósito real del nuevo presidente comenzó a manifestarse poco después. Las promesas de democracia se vieron frustradas por un cambio total en el discurso de Fidel Castro, quien ya se mostraba autoritario, excluyente e intolerante. Sus acciones comenzaron a tomar un rumbo grotesco. Empezó a utilizar la represión, los encarcelamientos e incluso los asesinatos como medida para frenar el activismo de personas que mostraban su inconformidad con el curso que tomaban las cosas. Sin dudas, este era el inicio de un nuevo modelo político con el cuño y sello estalinista, en el que se verían cercenados los derechos y las libertades fundamentales del pueblo cubano.
Con la implantación del sistema de partido único, solamente el Partido Comunista sería permitido. Por tanto, las diferentes tendencias y movimientos políticos fueron perseguidos y considerados una amenaza para el gobierno castrista. Como estocada final, Fidel perpetró su poder por más de 40 años, poniendo en evidencia el caótico proceso electoral cubano. En el 2006, por cuestiones de salud, le cedió el poder a su hermano Raúl, al estilo de las clásicas monarquías hereditarias.
En el 2008, Raúl Castro ocupó el cargo de Primer Secretario de los Consejos de Estados y de Ministros y, a 10 años de su mandato, decidió por voluntad propia “retirarse” del cargo, solo que, para camuflar un tanto su decreto anticipado, se “retirará” luego de celebrarse las venideras elecciones a la novena Asamblea Nacional del Poder Popular (previstas para el 11 de marzo), en las que se renovarán los escaños del Parlamento por un periodo de cinco años y en la que se “elegirá al nuevo Consejo de Estado, incluido al presidente”. Pero, todos sabemos que los candidatos y futuros gobernantes han sido seleccionados con antelación y estratégicamente para evitar sorpresas en los resultados de las votaciones. Pues el pueblo en masa, que antes le apoyaba, ahora está, en su mayoría, a favor de un cambio real que les asegure una mejor calidad de vida.
El fraude y la falta de transparencia es lo que caracteriza los sufragios que se realizan en la nación. En las elecciones municipales de 2017 estas características estuvieron bien presentes. Pese a que la Constitución permite la participación de los ciudadanos en el conteo de los votos, en la práctica no es permitido. Las autoridades responden a esta iniciativa ciudadana con detenciones arbitrarias, el secuestro de las urnas e impidiendo la entrada en los colegios.
El nuevo dictador de la nación será un mandatario que, en verdad no gobernará, pues detrás del telón estará Raúl Castro manejándolo a su conveniencia, “guiándolo por el camino revolucionario” y representando solo los intereses del régimen.
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