La “Educación Superior cubana” no es gratis ni universal

La Constitución vigente de la República de Cuba expresa que los jóvenes tienen derecho a recibir estudios en sus diferentes niveles y el deber de retribuir obligatoriamente los recursos invertidos en el proceso o periodo de formación académica. Esto, junto a una serie de irregularidades que se manifiestan en la práctica, hacen muy cuestionable el tan difundido derecho a la educación en la isla.

Al observar el caso de la Educación Superior nos damos cuenta de que el acceso a una carrera universitaria está determinado por un filtro ideológico que actúa bajo la premisa “la universidad es solo para los revolucionarios”. Desde la revolución de los Castro, han sido muchos los casos en que se les ha negado a los jóvenes el ingreso a la universidad, o se les ha expulsado, por ser disidentes, tener familiares en el extranjero o por practicar alguna religión.

Por otro lado, si bien es cierto que las carreras son otorgadas a través de un escalafón de solicitudes recibidas por el departamento de secretaría de cada universidad y según las puntuaciones acumuladas por los jóvenes en la enseñanza técnica o preuniversitaria, también lo es, que se asignan determinadas y especificas carreras por provincias y esto genera que los jóvenes muchas veces apliquen a licenciaturas que no son de su interés para mantenerse en su propio territorio porque su nivel económico no les permite realizar gastos de transporte y otros viáticos.

Luego de concluir el periodo de estudios, entre 5 y 6 años, es obligatorio cumplir un servicio social a fin con la especialidad, para “volver a pagarle” al Estado la “oportunidad” de estudio que ofreció al estudiante. Y digo “volver a pagarle” porque todos los servicios que brinda el Gobierno como la educación son financiados con los impuestos que pagamos los ciudadanos. Si alguien se niega a cumplir con el servicio social automáticamente pierde su trabajo, título universitario, seguridad social e incluso la Dirección de Educación invalida el título de grado.

En el entramado de leyes que inciden en el injusto funcionamiento de la Educación Superior en Cuba destacan entre las más radicales las siguientes:

La Resolución 240/07, en su artículo 5 expone que “constituyen faltas muy graves mantener una actitud o cometer un acto manifiestamente contrario a nuestro proceso revolucionario”; no reverenciar los símbolos patrios, ni cumplir con los demás deberes establecidos en la Constitución.

La Ley No 116 del Código de Trabajo y Seguridad Social Cubano, impone el servicio social para los graduados de nivel superior con un pago laboral al Estado por dar la oportunidad de estudiar.

El capítulo VI del Servicio Social, en su artículo 69 expone: “El servicio social consiste en el cumplimiento del deber de los graduados de cursos diurnos, que alcanzan los conocimientos en el nivel superior y técnico profesional de la educación, de ponerlos en función de la sociedad de conformidad con la planificación y prioridades del desarrollo económico y social. Durante la prestación del servicio social los graduados tienen los deberes y derechos que conciernen a su condición de trabajadores”.

Le sigue el artículo 70 que dice: “Tienen el deber de cumplir el servicio social los ciudadanos cubanos que se gradúan en la educación superior en los cursos diurnos, incluidos los que egresan del referido nivel educacional en el extranjero. En el caso de los graduados de la enseñanza técnico-profesional, cumplen el servicio social los que, en correspondencia con la demanda de fuerza de trabajo calificada que requiere el desarrollo económico y social, son asignados a una entidad en el momento de su graduación. El procedimiento para la ubicación de los graduados está regulado en el Reglamento de este Código.

En conclusión, es lamentable que, en los tiempos actuales, mientras las sociedades tienden a mayor libertad y se imponen los valores recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Gobierno castrista imponga obligaciones impopulares a los jóvenes cubanos: pagar una educación pública que adoctrina y discrimina a quien disiente contra el Gobierno, con un servicio social obligatorio, no tiene nada que ver con la educación gratuita que se anuncia en los medios oficialistas y en los discursos que pronuncian sus gobernantes. La Educación Superior es en realidad el reflejo de una isla mal administrada por comunistas desbordados de mentiras.