El pasado 10 de diciembre de 2018, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América dio a conocer una carta abierta que envió días antes el Secretario de Estado de este país, Mike Pompeo. En La misiva dirigida al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Pompeo acusa al “Gobierno” de Cuba de violar los Derechos Humanos y a su vez le exigió respuesta acerca de ocho de las más de 100 personas que él afirma ser presos políticos del Gobierno comunista. Luego de ser publicada la carta, la cancillería cubana la rechazó en la víspera, la calificó de “propaganda” y dijo que Estados Unidos EE. UU. no tenía derecho a plantear esas inquietudes, según información recogida por la Agencia de Noticias EFE.
Un día después, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez “condenó” el documento a través de su cuenta en la red social Twitter y catalogó el discurso del Gobierno estadounidense de “hipócrita, deshonesto, de doble rasero (…)”, además expresó que “mientras otros exportan armas y guerras, Cuba comparte conocimientos y servicios (…). Nuestra divisa es la solidaridad”.
El “Gobierno” cubano utilizó como siempre la misma retórica en su discurso y no perdió oportunidad para mencionar el embargo, al que insiste en llamar “bloqueo”, en su defensa y evadió como de costumbre la cuestión más sensible para sus intereses, pues en la carta Pompeo ofreció una “lista ilustrativa” con los nombres y apellidos de 8 presos políticos, entre los que destacan: Martha Sánchez, del grupo disidente Damas de Blanco; Yosvany Sánchez Valenciano, Melkis Faure Echevarria y Yanier Suárez Tamayo: tres activistas de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Eduardo Cardet Concepción, del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) y el periodista Yoeni de Jesús Guerra García.
Mike Pompeo basó esta relación en la supuesta promesa del exmandatario cubano Raúl Castro Ruz (2008-2018), quien, en ocasión de la visita a La Habana del expresidente de los EE. UU., Barack Obama, en marzo de 2016, cuestionó en rueda de prensa la existencia de prisioneros políticos en Cuba ante la pregunta de una periodista. ¿Qué presos políticos? dijo Castro Ruz, y acto seguido expresó que si habían “presos políticos” le entregasen la lista para ponerlos en libertad esa misma noche. Estas declaraciones provocaron que de inmediato organizaciones del exilio cubano como la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) publicaran listas de presos considerados políticos.
En octubre de 2017 las Organizaciones no Gubernamentales Archivo Cuba, la Fundación de los Derechos Humanos y Cubalex enviaron un informe de 10 páginas dirigido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para reportar “las violaciones sistemáticas al derecho a la vida por el Estado cubano”. En dicho informe los actores pidieron al “Gobierno” de la isla que se les permitiera “revisar varios asesinatos políticos que han ocurrido en los últimos años” e incluso elaboraron 17 recomendaciones para el “Gobierno” que incluyen el libre acceso a las prisiones y centros de detención a organizaciones independientes de Derechos Humanos Internacionales y como era de esperar, no obtuvieron respuesta.
El texto también detalla “la muerte de 10 opositores políticos en circunstancias misteriosas en los últimos cuatro años. Al menos 296 presos políticos y comunes murieron por no tener atención médica o por problemas de salud inducidos por las condiciones carcelarias”, añade el escrito, que subraya: “la muerte de al menos 104 presos por suicidio ocasionado por las condiciones de la prisión”.
En lo que va de este año 2018, solamente en La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) existen 46 prisioneros entre políticos y de conciencia; además la UNPACU ha reportado alrededor de 320 detenciones arbitrarias a activistas de la organización por motivos políticos.
A su vez, continúan las coerciones a la libertad de movimiento. El Instituto Patmos publicó a mediados de año, un listado con más de 60 hombres y mujeres a los que el régimen les impide salir del país e incluso a algunos que no deja viajar dentro de Cuba. Estas personas se encuentran reguladas por razones de “interés público” aún cuando esta condición no figura en el Decreto No. 306 del 11 de octubre de 2012 en su Artículo 1, el cual define a los sujetos del tratamiento regulado en todas las categorías. En el presente año, la UNPACU ha informado, hasta la fecha, 14 prohibiciones de viaje al exterior a sus activistas. Entre las víctimas más recientes se encuentran Ernesto Oliva Torres y su padre, quien pertenece a la Dirección Nacional de la organización, Carlos Oliva Rivery. Estos fueron detenidos en el aeropuerto José Martí, en La Habana, el pasado 17 de noviembre y acto seguido les informaron que no podían viajar. En esta ocasión ambos fueron invitados a España por la Fundación Humanismo y Democracia, para participar en un curso sobre el Fortalecimiento de Partidos Iberoamericanos.
“(…) mientras otros exportan armas y guerras, Cuba comparte conocimientos y servicios. (…) Nuestra divisa es la solidaridad” Miguel Díaz -Canel Bermúdez.
Nuevamente el “Gobierno” cubano se escuda en las “misiones internacionalistas” para tratar de enmascarar sus acciones y se autoproclama “solidario” al referirse a estas “colaboraciones”, que en realidad tienen como trasfondo un solvente negocio que le proporciona ingresos millonarios cada año. Un estimado de 11.543 millones obtiene el Estado cubano de la exportación de más de 50,000 profesionales en alrededor de 60 países hasta 2017, de acuerdo con cifras ofrecidas por José Luis Rodríguez, ex ministro de economía de la isla, al diario oficialista Granma.
Por otra parte, según el informe antes mencionado, en Cuba se han documentado 3,125 fusilamientos ordenados desde enero de 1959 por el “Gobierno” cubano sin el debido proceso legal y entre las víctimas hubo menores de edad. Entre estos, los 10 niños que murieron cuando el 13 de julio de 1994, el ya fallecido Fidel Castro Ruz mandó hundir a 7 millas de la bahía de La Habana, un viejo remolcador que huía de la isla con 72 personas, con 4 barcos equipados con mangueras de agua a presión. Declaraciones posteriores de los sobrevivientes afirmaron que, en efecto, los barcos embistieron el Remolcador 13 de marzo a propósito, e incluso los verdugos no prestaron ninguna ayuda a las víctimas.
Y justo el pasado 10 de diciembre, se celebró el Seminario Internacional en torno a los Derechos Humanos celebrado en la capital habanera, el cual tomó como eje principal, “Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el siglo XXI”, señaló Granma. Al parecer los promotores del evento olvidaron o no conocen esta parte de la historia. Pero los que sí están claros del gran trecho que existe entre lo que proclama y lo que hace el “Gobierno” cubano, se preguntarán. ¿Cuál discurso es deshonesto, hipócrita y de doble rasero?
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