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Resumen represivo del Estado cubano contra la UNPACU durante el 2018

Desde mediados del año 2016 a la actualidad, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha denunciado que la oposición pacífica cubana está siendo víctima de una nueva ola represiva, más sofisticada en sus métodos que la de 2003, conocida por la opinión pública como “La Primavera Negra Cubana”. Cada año el Gobierno cubano perfecciona sus métodos para tratar de minimizar a la sociedad civil independiente con el menor costo mediático posible, y este 2018 no fue la excepción.

Con el crecimiento de la actividad económica independiente, aunque en un marco legal desfavorable y limitado, y el aumento del flujo de información por vías alternativas, el Estado va perdiendo el control que ejerce sobre el individuo, y al parecer, temeroso de que la independencia económica y el libre consumo de información genere deseos de participación democrática en el pueblo, ha decidido eliminar los factores que podrían catalizar este proceso. Uno de ellos son los disidentes. En este artículo nos referiremos a las violaciones de los Derechos Humanos que ha realizado el Gobierno en su contra. En particular nos enfocaremos en los activistas de la UNPACU.

El Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), la Policía Nacional Revolucionaria, la Fiscalía, los Tribunales y el cuerpo de inspectores, todos al servicio del Partido Comunista de Cuba (PCC), han intervenido en 24 farsas judiciales en 2018 contra activistas de UNPACU. Si a lo anterior sumamos 5 activistas que hace varios meses permanecen presos pendiente a juicio, y otros que ya estaban encarcelados, hacienden a más de 60 los presos políticos de esta organización.

Han sido encarcelados gradualmente y de forma selectiva, enfocándose en aquellos líderes de comunidad menos mediáticos, para limitar su emergente capacidad de convocatoria. Una buena parte de ellos han sido procesados por negarse a pagar multas que arbitrariamente les han impuesto por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Actualmente 48 activistas de esta organización están sancionados por delitos que no cometieron, fabricados para enmascarar el verdadero motivo de la encarcelación. Una vez en prisión, son sometidos a torturas y otros tratos crueles e inhumanos.

Se han contabilizado en este periodo 38 allanamientos contra viviendas de activistas. Encabezados por agentes del DSE, en su mayoría se han realizado sin órdenes de registro y sin especificar el motivo. Confiscando a su paso equipos, materiales, dinero y otros recursos personales y de la organización, con los que se promueve en la población valores como el respeto a los derechos humanos, el Estado Social y Democrático de Derecho, se fomenta la participación ciudadana, se desarrollan proyectos sociales de corte humanitario, culturales, deportivos y recreativos.

Durante el año se ha impedido en 14 ocasiones que sus miembros viajen al extranjero. Según funcionarios de emigración de los aeropuertos cubanos, los activistas poseen una restricción indefinida de salida del país. Así también, en decenas de ocasiones los órganos represivos les han impedido circular libremente y elegir residencia en el territorio nacional.

Los activistas son detenidos y en ocasiones desaparecidos ya que se les mantiene en aislamiento y no se le brinda ninguna información a la familia. Estas detenciones generalmente duran entre 8 y 96 horas. En ocasiones, los activistas resultan golpeados y los policías no hacen distinción de género al aplicar la violencia; también son esposados en el interior de vehículos parqueados en el sol con las ventanillas cerradas durante varias horas. Algunos han sufrido deshidratación. Durante este año fueron detenidos arbitrariamente 346 activistas.

La injerencia en la correspondencia, comunicación telefónica y en cuentas en las redes sociales de los opositores es otra de las prácticas arbitrarias del DSE. En el último año varios activistas han sido privados del uso de telefonía móvil temporalmente en varias ocasiones. El DSE utiliza, publica y distorsiona a menudo fragmentos de conversaciones telefónicas de activistas grabadas ilegalmente.

También agentes del DSE visitan los centros estatales o privados con los que los disidentes tienen vínculos laborales, estudiantiles o de otro tipo, para forzar su expulsión o rechazo. En lo que va de año más de un centenar  de activistas y familiares han sufrido este tipo de acoso. Vale destacar que todos estos métodos represivos son usados también contra familiares de los opositores con el objetivo de presionarle para que abandone su militancia. La UNPACU ha registrado en este año más de 60 casos de agresiones a infantes hijos de opositores.

Amel Oliva Torres

Joven líder y fundador del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). Ha representado a su organización en eventos internacionales. El 2016 sostuvo una huelga de hambre por 28 días en protesta al aumento de la represión contra la oposición pacífica.
Correo: pedrozalazar1987@gmail.com

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