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La corrupción como forma de subsistencia para los cubanos

Desde que el Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció nuevas medidas destinadas a disminuir el robo de combustible estatal, poco se ha logrado de este objetivo. Y es que como publicó el periódico oficialista Granma el viernes 21 de septiembre de 2018, el Gobierno cubano aprobó un grupo de medidas para enfrentar el desvío de combustible al mercado negro. Prolongado problema que cuesta millones a las arcas estatales y que se ha visto agravado en los últimos años por la reducción de los envíos a la isla de petróleo subsidiado desde Venezuela.

Esto fue a raíz de los asuntos abordados por el Consejo de Ministros celebrado por esa fecha, en el que el presidente Miguel Díaz – Canel expresó “Este es un tema que tenemos que defender entre todos y resulta fundamental el control que le imprimamos.” De igual manera reconoció que, “No podemos seguir admitiendo que nos roben ese recurso. Eso desmoraliza y es señal de incapacidad de las entidades estatales.”

Entre las medidas que se anunciaron estaban el decomiso de los medios utilizados para sustraer el combustible, incluyendo vehículos automotores, y la personalización de las tarjetas magnéticas que las empresas estatales emplean para abastecerse de combustible con el propósito de que el control llegue hasta el consumidor final del mismo.

Los transportistas privados que se acojan a la modalidad de taxi rutero (taxi que debe mantenerse dentro de una ruta establecida y cobrar tarifas reguladas), podrán adquirir combustible a través de una tarjeta magnética a un precio diferenciado, con la obligación de un consumo mínimo anual distribuido por meses. Los transportistas que no deseen acogerse a este servicio, podrán funcionar como taxis libres, pero estarán obligados a consumir un mínimo de combustible comprado por la tarjeta magnética al precio minorista, es decir, más caro. Y es aquí donde se evidencia la imposibilidad de frenar el robo de combustible, como lo plantea Luis Arévalos Quintana, de 40 años de edad y residente en calle I del Reparto Vista Hermosa en Santiago de Cuba, quien es propietario de un vehículo pero que no se ha acogido a la modalidad de taxi rutero. Arévalos Quintana señala que,  “El Estado te vende el litro de petróleo a 1 cuc (25 pesos cubanos), cuando en el mercado negro se encuentra a 10 y 15 pesos cubanos, ¿dónde tú crees que uno va a ir a comprar?”

Los números expuestos por la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE) reflejan, que entre el 2017 y el 2018 la mayoría de las provincias cubanas muestran bajos promedios de venta de combustible en efectivo en puntos estatales, lo cual es inversamente proporcional al número de transportistas privados registrados por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

La corrupción queda aún más evidente cuando, al incrementarse las medidas de control sobre el combustible destinado a vehículos estatales, las ventas en las gasolineras suben, según refiere el portal digital CIBERCUBA en un artículo “El robo de combustible en Cuba: un mercado negro que beneficia a la población”. En otro artículo publicado por ese mismo sitio digital, publicado el 21 de septiembre de 2018, se hace referencia a la existencia de puntos fijos en la Carretera Central o la Autopista Nacional donde se puede comprar petróleo del mercado negro, e incluso algunos puntos “rodando” (móviles).

El sistema energético de la isla, que sólo produce el 40% del combustible que consume, depende en gran medida desde la pasada década del petróleo venezolano, que llegó a alcanzar los 110 000 barriles diarios, aunque la cifra de envíos subsidiados de crudo se ha reducido casi a la mitad en los últimos dos años por la crisis en el país sudamericano. Ante esta situación, Cuba se ha volcado en la búsqueda de nuevos proveedores, como Rusia y Argelia, aunque este petróleo deberá pagarlo a precio de mercado; así lo publicó la agencia EFE de noticias, en su edición América, en artículo titulado: “El Gobierno cubano aprueba nuevas medidas contra el endémico robo de combustible”

Frenar el robo de combustible estatal, que es revendido fundamentalmente a conductores privados, se ha convertido en una de las prioridades del nuevo presidente cubano. En el referido Consejo de Ministros donde se abordó este tema, el Ministro cubano de Energía y Minas, Raúl García, agregó que el problema se analizaría cada mes en los consejos de dirección de todas las entidades estatales. La directora general de la ONURE, Elaine Moreno, ha dicho a la prensa cubana que existen regulaciones importantes para el control, pero que todavía se dejan brechas porque no se cumplen los procedimientos establecidos.

Lo cierto es que se han volcado de lleno a tratar de remediar esta situación, identificando el problema, implementando soluciones y buscando alternativas; pero no han ido al meollo del asunto, la causa primaria que obliga a los cubanos a tanta corrupción: los bajos salarios. En Cuba la corrupción se extiende a todos los niveles del país, desde un simple panadero hasta el más alto de los funcionarios. Desde el sector energético y el de transporte, hasta el educacional y el de salud, pasando sobre todo por el de gastronomía y alimentos. Los salarios son muy bajos  frente al elevado costo de los productos de primera necesidad, teniendo en cuenta que el promedio es de 20.00 cuc al mes. Es triste, pero el desvío de recursos en los centros de trabajos se ha convertido en la forma de supervivencia de la mayoría de los cubanos de a pie.

Maykel Frómeta

Comunicador Social. En el 2015 trabajó en una pequeña agencia de noticias. Colaborador de UNPACU.

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