El régimen cubano vuelve a limitar la participación de miembros de la Sociedad Civil Independiente cubana en un evento hemisférico como el 49 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia.
Hace unas horas, Carlos Amel Oliva Torres y Katherine Mojena Hernández, ambos coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunciaron en las afueras de la Oficina de Trámites Nº 3 de Santiago de Cuba que, otra vez el régimen les prohíbe salir de Cuba. Ellos en su denuncia explicaron que llevan meses preparándose con el apoyo del Instituto Político para la Libertad (IPL – PERÚ) para este evento. Además, recordaron que recientemente organizaron un Diálogo Nacional en La Habana donde participaron miembros de distintas organizaciones independientes. También, contaron que vienen documentando decenas de casos de violaciones a los derechos de los jóvenes, registrando como víctimas a periodistas, artistas, cuentapropistas, activistas medioambientales, comunidad LGBT y opositores. Y que el resultado de este trabajo es un Informe recoge las principales problemáticas que afrontan los jóvenes cubanos respecto a educación, empleo y participación. Ellos pretendían presentar este informe como parte de su difusión en América Latina.
Los dos activistas de la UNPACU se encuentran regulados en el Sistema de Inmigración Nacional por razones de “interés público” desde el 2016. La Seguridad del Estado los mantiene bajo un proceso investigativo por reunirse con instituciones en el extranjero que “atentan contra la soberanía del país”.
Más de una veintena de activistas de derechos humanos y periodistas han denunciado en las últimas semanas la misma violación. Entre ellos aparecen, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y 4 jóvenes miembros de su equipo: Sol García, Inalkis Rodríguez, Isel Arango e Iris Mariño. También Luz Escobar, periodista de 14ymedio; Leticia Ramos, Dama de Blanco; Boris González Arena y Enix Berrio de la Mesa de Unidad de Acción Democrática; Juan Antonio Madrazo coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) y Jimmy Roque ambientalista y miembro de la comunidad LGBTI, entre otros.
En algunos casos, los activistas son notificados en el mismo aeropuerto de que tienen una regulación de salida del país aun cuando todos sus documentos están en regla, mientras que a otros se les niega el derecho de sacar o renovar su pasaporte. El Gobierno cubano decide arbitrariamente quien entra y sale del país, violando los derechos de sus ciudadanos. Y así como mantiene las “regulaciones” como política represiva ha implementado las expatriaciones forzosas. Recientemente la UNPACU y la organización Cuban Prision Defender denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el proceder del Gobierno que bajo amenazas de muerte y encarcelamiento obliga a que opositores y disidentes abandonen el país abruptamente. En el informe se registraron al menos 70 casos que avalan la denuncia.
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