Artistas y activistas políticos en Cuba y el exilio se unen en una gran campaña para pedir la liberación y prueba de vida de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y de otros tres activistas desaparecidos.
El pasado 1 de octubre fueron arrestados luego de allanar las tres viviendas que conforman la sede principal de la organización en Santiago de Cuba. Luego de eso, el día 3 de octubre, Nelva Ortega, esposa de Ferrer, pudo verlo por 10 minutos, delante de un mayor del MININT, y desde entonces las autoridades han negado visitas.
A 24 días de su arresto y 21 de su desaparición se desconoce el motivo del encierro, y se desconoce en qué centro lo tienen recluido. Sus familiares, amigos y compañeros de lucha temen lo peor sobre el estado físico y mental de Ferrer García y los activistas Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga. Por su parte, Luis Enrique Ferrer, expreso político, representante de la organización en el exilio y hermano de Ferrer, cree que podrían estar induciéndolos a incriminarse.
Por este motivo, ha surgido una campaña internacional donde artistas de la talla de Alberto Pujol, Boncó Quiñongo, Lilo Vilaplana y políticos como Antonio Ledezma exigen mediante audiovisuales fe de vida del líder opositor.
Al reclamo también se sumó Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, Alex Otaola presentador e influencer e instituciones de derechos humanos como el Observatorio de Derechos Humanos (OCDH) y Cuban Prisoners Defenders.
Varios han sido los Twittazos convocados por influencers como Liu Santiesteban y la propia UNPACU que han logrado alcanzar a más de 50 millones de usuarios en la red social Twitter, usando el hashtag #FreeFerrer.
Varias organizaciones internacionales de derechos humanos, la OEA, la Embajada de EE.UU., el senador Marco Rubio, el congresista Lincoln Díaz Balart, el secretario de Estado Mike Pompeo, entre otros, han pedido la liberación de Ferrer y los otros activistas y aun así el régimen cubano todavía no ha dado señales de la integridad física de ellos.
La UNPACU denunció que han sido violado todos los derechos de los activistas detenidos, y por tanto califica el hecho como un “secuestro”. También cuestionan que el Tribunal rechazó la petición de hábeas corpus.
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