Persecución policial y abuso de poder

Según el Código Penal cubano la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva, está dada en la proclividad en que se encuentra un individuo para cometer delitos y el estado peligroso se aprecia cuando el sujeto concurre principalmente en la conducta antisocial y la embriaguez habitual. Una persona declarada en estado peligroso puede tener sanciones de privación de libertad sin haber cometido un delito, solo si inciden en algunos índices de peligrosidad. Las medidas de seguridad predelictivas están definidas en los artículos del 73 al 84 del Código Penal cubano y pueden llevar condena de 1 a 4 años de cárcel.

Muchos cubanos han sido encarcelados por esta ley arbitraria que presume la culpabilidad y castiga sin que exista delito, entre ellos encontramos miembros de la comunidad LGTB, intelectuales, individuos sin ningún vínculo laboral con el Estado y otros ciudadanos críticos del Gobierno. Aunque no aplica para una edad específica, los jóvenes son el sector más vulnerable a cumplir sentencias de 1 a 4 años de privación de libertad sin haber cometido delito alguno, solo por ser considerados como peligrosos para la sociedad. 

Yoelmis Cantillo Osoria, ciudadano de 36 años de edad y residente de calle B,  Central Salvador Rosales, municipio Songo la Maya, provincia Santiago de Cuba, ha sido víctima en reiteradas ocasiones del abuso de poder y hostigamiento que ejerce la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) hacia los ciudadanos a través de esta ley. En el 2017 cumplió una sanción de 1 año de privación de libertad bajo la medida de peligrosidad en un centro correccional con internamiento llamado Laguna Blanca, ubicado en el municipio de Contramaestre, provincia Santiago de Cuba.  Allí fue sometido a trabajos forzosos por un bajo sustento económico.  

Luego de cumplir sanción, volvió a sufrir represión por parte del jefe de sector policial de su localidad Miguel Gonzales Baute, quien le impuso arbitrariamente multas entre 200 y 1000 pesos (cup) moneda nacional, por  reclamar sus derechos pacíficamente ante el proceder injusto y no profesional de este oficial.        

En estos momentos se encuentra en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba cumpliendo  una condena de 8 meses de privación de libertad. Su madre Juana Deysis Osoria explicó que le aplicaron la misma medida, “pero también agregaron el delito de desobediencia porque él no se dejó someter al arresto de forma violenta por la policía” afirmó la señora, y dijo, haber sufrido ella misma parte de los golpes que los oficiales propinaron a su hijo: “allí está en condiciones infrahumanas y temo por su vida. Ya yo perdí en prisión a otro hijo mío por falta de atención médica”, expresó entre lágrimas la señora.  

La madre de Yoelmis explicó que él no tenía ningún vínculo laboral con el Estado cubano, pero se dedica a la crianza de cerdos en su vivienda, algo que practican miles de cubanos en la isla ante la falta de oportunidades laborales y de empleos con salarios justos. Según afirmaba este ciudadano, era más rentable criar puercos que trabajar para el Gobierno, pero su modesto crecimiento económico independiente puso sobre él la mirada molesta de los funcionarios estatales de su localidad.   

Según varios testigos, Cantillo Osorio denunció en Atención a la Ciudadanía todo lo referente a su caso y ha expuesto el nivel de corrupción e ilegalidades en las que se involucra la policía en su lugar de residencia. Según sus vecinos, esas denuncias provocaron la ira del encargado del sector policial de su comunidad, Miguel Gonzales Baute, quien fue el responsable directo de enviarlo a prisión. Cantillo Osorio es el único que con su trabajo sostiene económicamente a su familia, convive con su madre y una tía, la cual es una persona con discapacidad y no recibe ninguna ayuda del Gobierno.

Son varios los casos de personas que año tras año se ven obligadas a cumplir una injusta condena por ser considerados por los jefes de sectores policiales “peligrosos”, “proclives a cometer delitos” y “ antisociales”.

La mayoría de estos ciudadanos se enfrentan a juicios sumarios donde no le permiten abogado para su defensa, no asisten testigos ni familiares y el acusado no recibe ninguna información sobre el juicio. Casi siempre son conducidos desde la unidad policial de su localidad directamente hasta la prisión y donde no tienen derecho a apelar su caso. Organizaciones no gubernamentales que defienden y abogan por el respeto a los Derechos Humanos en Cuba han exigido el fin de esta ley aberrante.