Al menos 218 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en noviembre, en medio de una intensa campaña de difamación del gobierno contra los activistas de derechos humanos y de cambios legales para perseguir a los disidentes.
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba fueron las provincias más afectadas por los arrestos, según los datos recopilados por la red del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla. Decenas de afectados fueron además detenidos violentamente, multados y amenazados por la policía.
La mayoría de los arrestados intentaban celebrar actividades políticas en las sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otra provincia o municipio del país. Varios fueron sitiados en sus casas para impedir que salieran a la calle durante las celebraciones por el aniversario 500 de la ciudad de La Habana.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia además el intento del Gobierno de Cuba de legalizar o “blanquear” su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, fundamentalmente a aquellos que disienten del discurso oficial.
Recientemente fue promulgado el Decreto-ley No. 389, modificativo de la Ley de Procedimiento Penal, que incluye la vigilancia electrónica. El nuevo decreto incrementa la arbitrariedad del Estado en prácticas violatorias de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones. El Gobierno de Cuba tiene un largo historial de utilización de los recursos técnicos para intervenir y después airear públicamente comunicaciones entre personas que no cometen delito alguno.
Por su parte, Cuban Prisoners Defenders dio a conocer tres casos de nuevos presos políticos: Eliécer Hernández González (Fundación Vueltabajo por Cuba), Lázaro Rodríguez Betancourt (músico contestatario represaliado por el Decreto 349, liberado en septiembre para fabricarle otro delito y así eludir la presión de la Unión Europea) y Wilson Quintero Cabrera (UNPACU).
De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders 15 opositores de la lista de más de 100 presos políticos ya han sido nombrados Prisioneros de Conciencia por Amnistía Internacional, seis de ellos en los últimos tres meses. Cuatro han recibido el respaldo de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos y cuatro han recibido el respaldo directo de la Unión Europea, extensivo explícitamente a los más de 120 de la lista de PD.
El informe emitido también hace alusión sobre los prisioneros de conciencia reconocidos por AI Eliécer Bandera Barreras, activista de UNPACU y Roberto de Jesús Quiñones Haces abogado y periodista independiente. Otro de los Prisioneros de Conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, nombrado en 2003 tras la Primavera Negra de Cuba, y que ya pasó más de 8 años en prisión, ha vuelto a ser encarcelado. Precisamente sobre José Daniel Ferrer y sus tres compañeros presos con él y por su “fabricado” caso (José Pupo Chaveco, Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer) el Parlamento Europeo ha emitido una fuerte resolución de condena y exigiendo su liberación, así como la del resto de los más de 120 presos políticos en Cuba (ver resolución).
Más de 200 detenciones arbitrarias en Cuba y tres nuevos prisioneros de conciencia. La Unión Europea, a través de su Parlamento, ha emitido una resolución que indica que exige que “se ponga en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión” y, basándose en la lista de Prisoners Defenders, indica que hay más de 120 presos políticos en esta situación.
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