Arianna ÁvilaEn medio de la tensa situación que vive el país por la propagación de la COVID-19, se ha evidenciado un aumento de la represión por parte del Estado cubano hacia la sociedad civil independiente y pueblo en general.
Persecución, hambre, amenazas, multas y encarcelamientos arbitrarios son parte de los métodos utilizados por las autoridades para enfrentar la pandemia. Varios medios de prensa independiente y organizaciones de derechos humanos han denunciado las pésimas situaciones de higiene que hay en las prisiones, que las mismas no se encuentran en condiciones de enfrentar una crisis sanitaria y se han hecho eco de campañas y pedidos a favor de una amnistía para los presos políticos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana se unió también a estas exigencias. “Teniendo en cuenta el serio peligro que corren estos hombres y mujeres presos injustamente en estos momentos de pandemia de la COVID-19, el trato cruel e inhumano del sistema carcelario cubano que reciben regularmente los presos políticos, a los cuales se les niega atención y tratamiento médico la mayoría de las veces, así como el hacinamiento y las condiciones de salubridad deplorables de las mismas, nos unimos a esta cadena nacional de protesta en reclamo de sus libertades”.
La organización también hizo un llamado al exilio cubano y a la comunidad internacional a vigilar esta situación y a unirse al reclamo.
En días recientes la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), organización pacifica, no gubernamental, defensora de los Derechos Humanos y con el mayor número de activistas prodemocráticos tanto fuera como dentro del país, realizó un ayuno por tres días que comprendió desde el 13 al 15 de mayo.
Más de 300 personas y de diferentes grupos u organizaciones de la disidencia en la isla y la diáspora se unieron en apoyo a estos presos y en homenaje a otros que han perdido la vida en las prisiones; como lo fueron Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo, mártires de la oposición interna al Gobierno cubano y quienes murieron en huelga de hambre reclamando sus derechos y libertades.
En estos momentos se encuentran recluidos más de un centenar de presos por motivos políticos en diferentes cárceles por todo el país. El Gobierno cubano los condena en juicios sumarios sin derecho a defensa y testigos, donde se les comunica por medio de una citación oficial verbal o escrita sin ningún valor legal, el día y la hora en que deben de presentarse ante los tribunales.
Alíen Muchuli Montoya, activista de la Unpacu y residente en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, está recluido en la prisión de Aguadores, con una sanción desde el pasado 8 de mayo a un año de privación de libertad.
Las mujeres cubanas también son víctimas de prisión política. El país ejerce un control sobre las personas impidiéndoles el derecho a reunión, asociación, movimiento, libertad de prensa y de expresión. Muchas madres, hermanas e hijas son separadas de sus familias y discriminadas en la sociedad por disentir en contra del Gobierno.
En la actualidad se encuentran encarceladas, pendientes y en reclusión domiciliaria 21 mujeres por sus ideas políticas. Son apartadas de su hogar y confinadas a prisiones ubicadas en otras provincias para dificultar la visita de sus familiares y así mantenerlas incomunicadas como método de represión.
Hasta el pasado 1 de abril de 2020 la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) contabilizo a 128 condenados y presos políticos por oposición al Gobierno de la isla, pero además 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras ,8400 de ellos convictos y 2538 condenados, ambos grupos de conciencia con penas medias entre dos años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como Pre-delictivos, es decir sin delito.
Orlando Pérez
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