Cuba: una crisis pandémica que el régimen no quiere observar

La economía cubana, ya en crisis por sus crónicas deficiencias estructurales y la reducción del apoyo económico de Venezuela, recibe un duro golpe de la pandemia del COVID-19 (coronavirus).

Una vez más los obreros cubanos sufren las medidas tomadas por la jerarquía del régimen. Esta vez la excusa fue la protección ciudadana por el coronavirus y la necesidad de aislamiento para prevenir la pandemia. Un grupo de organismos y ministerios de la Administración Central del Estado dictaban órdenes ministeriales, documentos oficiales con reporte de salida (RS) que dictan las limitaciones salariales, la suspensión de servicios, y sobre todo “el desamparo” de los trabajadores por cuenta propia.

Dividido en tres fases recuperativas postcovid19, desde el pasado jueves 18 de junio, el país comenzó a restablecer nuevamente los servicios y las funciones laborales; mucho antes.

Desde el 23 de marzo de 2020, el Ministerio de Finanzas y Precios daba indicaciones a los jefes, gobernadores provinciales y jefes de las oficinas Nacionales de la Administración Tributaria (ONAT) sobre un plan de medidas que incluye la suspensión de trámites para la legalización de documentos, limitando el trabajo necesario para los que si podían, en un momento atípico, desarrollar una actividad por cuenta propia. 

Por otra, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aplicaba la medida en su Orden Ministerial No 455, del 7 de abril de 2020, a adoptar la decisión para madres con niños, y para adultos mayores, a tener aislamiento social manteniendo garantía salarial solo en el primer mes, garantizando de ahí en lo adelante el 60% de su salario. Limitando además la tramitación de los procesos laborales.

Sin duda alguna, los ingresos de casa disminuyen, la posibilidad de comprar alimentos y aseo es remota, solo teniendo días de rectificación de números asignados en largas colas para comprar, en el cual no se sabe muchas veces ni lo que distribuirán, y mucho menos la asignación normada.

El sector por cuenta propia fue uno de los más afectados, con las limitaciones en la transportación y los servicios. La economía, que entra con un pasaje en bici-taxi, moto, máquina, coche a caballo u otro, quedaron paralizadas, al igual que las ventas de la gastronomía de paladares, bares y restaurantes quedó a la espera de nuevas decisiones.

Por otro lado, la venta de los módulos de alimentos con aseo incluido, superan la pensión de un mes para un jubilado o pensionado. Las personas con discapacidad o familiares ingresados en centros hospitalarios, no tienen ningún tipo de prioridad para adquirir los recursos, y el dolor va del pecho a la conciencia cuando por obligación hay cientos de abuelos en las calles para comprar lo que puedan alcanzar cuando toque su turno.

Para mayor riqueza, en esta “planificación socialista” en tiempos de COVID-19, supimos de la decisión del gobierno en la provincia de Holguín de asignar galletas de sal a los ancianos mayores de 60 años. Si muchas veces ni el pan es posible morderlo por su mala calidad, ¿cómo se le ocurrió a ese jefecito aprobar galletas de sal para los ancianos?, si sabemos que, por la edad y la carencia de vitaminas, muchos ya no disponen de sus piezas dentales.

Al pasar un corto tiempo, volverán a llenarse los caminos, las paradas, los barrios y las familias en largas historias. Narrando a sus hijos y nietos, a sus vecinos, al primer conocido las amargas vivencias de un Estado que, tras prepararse y enfrentarse a una pandemia con responsabilidad, disciplina, orden y planificación, fue uno de los últimos países en cerrar fronteras, en tomar medidas justas y racionales. Mientras que el pueblo, a la espera de soluciones, busca alternativas para la subsistencia.