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Cuba: decreto ley obliga a conductores a pagar un seguro, excepto a militares

El Consejo de Estado de Cuba aprobó dos nuevos decretos-leyes el 18 de junio, uno sobre el establecimiento de seguros obligatorios para conductores de vehículos que no pertenezcan a instituciones militares, y otro acerca del trabajo de los funcionarios del Estado y el gobierno. En este encuentro participaron el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero.

Con respecto al primer decreto, de acuerdo con lo avalado por el órgano legislativo, será obligatoria la obtención de un Seguro de Responsabilidad Civil para los conductores profesionales de vehículos, incluidos los del sector no estatal, según indica una nota divulgada en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De esta manera, se busca cubrir daños o pérdidas materiales, lesiones, la muerte, prejuicios a personas naturales o jurídicas en cuanto a los bienes o integridad física.

Aunque parezca una excelente ley a primera vista, resulta que, en la isla nada es tan bueno como parece y menos si viene de la mano del régimen. De este decreto ley quedan exentos los conductores que desempeñan esa función en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT). Ante esta excepción salen a análisis varias preguntas: ¿por qué los conductores de estos ministerios están exentos?, ¿acaso ellos no son ciudadanos cubanos?, ¿quién se responsabiliza entonces de los daños humanos y materiales que puedan ocasionar al resto de la población?

Podríamos sacar muchas conclusiones de esta medida, y aunque en lo personal estoy de acuerdo con que exista un seguro obligatorio para cubrir daños o pérdidas, la diferenciación me indigna mucho porque beneficia a los militares. Pues prácticamente autoriza a las fuerzas represivas del país, incluyendo a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) a que hagan lo que hagan, no serán responsables, ni pagarán daños por ello. Quién lo hará, no sabemos, pero ellos no serán responsables.

Por otro lado, con respecto al segundo decreto ley, el Consejo de Estado estableció las definiciones, objetivos, principios generales y normas básicas para la aplicación y control del sistema de trabajo con los funcionarios del Estado, el Gobierno y sus reservas.

En ese encuentro, los miembros del parlamento también evaluaron las propuestas realizadas por las Asambleas del Poder Popular municipales respecto a la profesionalidad de los presidentes y sus comisiones permanentes de trabajo.

Todavía estas leyes no surgirán efecto hasta que no sean publicadas oficialmente a través de una Gaceta Oficial en la isla. Pero no nos dejemos engañar porque, aunque aparentemente parecen ser creadas con las mejores de las intenciones, precisamente son solo eso, apariencias.

Con anterioridad, en abril, el Consejo de Estado había aprobado seis nuevos decretos-leyes –entre ellos uno sobre el Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos del país, y otro sobre la creación de una comisión nacional para atender el tema de los organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana.

 Sin dar detalles para la implementación de estas regulaciones, se informa de estos 6 decretos-leyes que atañen, entre otros, al sistema de información del gobierno, los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, los de normalización, metrología y acreditación.

Según la Carta Magna, los decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado –que es el órgano colegiado que representa a la Asamblea Nacional entre sus períodos de sesiones– deben ser ratificados por la propia Asamblea en su próxima sesión. Y de acuerdo con el cronograma legislativo, en 2020 el parlamento cubano debe someter a análisis y presumiblemente aprobar 14 leyes, entre ellas las de los Tribunales Populares y la de Procedimiento Penal, así como las de Defensa y Seguridad Nacional, la de la Vivienda, y la de Salud Pública.

Además, debe respaldar 15 decretos-leyes, cuya aprobación recae en los 21 miembros del Consejo de Estado, que lidera Esteban Lazo, también presidente de la Asamblea Nacional. Tras los aprobados hasta ahora, el resto debe ser analizado en sesiones previstas para junio, septiembre y noviembre.

Estas medidas solo permitirán una vez más justificar las fechorías y delitos de los que se dicen llamar representantes del pueblo. Si realmente pensaran en la gente, darían el ejemplo, además brindarían explicaciones de tantos delitos que aún el pueblo lamentablemente desconoce y que ellos se encargan de ocultar muy bien. Estos decretos constituyen otras formas más de encubrirlos.

Kirenia Flores Garcia

Directora Nacional del Frente Femenino de JACU (Juventud Activa Cuba Unida). Bloguera.

Psicóloga de profesión. Terapeuta de EMDR.

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