Foto: Activista de UNPACU #MicartelparaelcambioenCuba
Durante los últimos tres meses, las autoridades cubanas han incrementado la represión hacia la sociedad civil independiente. Organizaciones cubanas e internacionales se han pronunciado por el cese de éstos, de los abusos y atropellos por parte del régimen en la isla hacia los opositores pacíficos.
En tal sentido, recientemente se emitió un comunicado en las redes que expresa: ´´Solicitamos a las autoridades cubanas que cesen de inmediato el abuso policial, las detenciones arbitrarias, las multas exorbitantes y los allanamientos a viviendas de los miembros de la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba). La Seguridad del Estado debe poner fin a la vigilancia y el cerco impuesto para controlar el acceso a la casa de José Daniel Ferrer, que funciona como sede de la UNPACU´´.
Disímiles son los firmantes de la declaración, entre ellos la iniciativa de ciudadana Cuba Decide, el Movimiento San Isidro, el Instituto de Activismo Hannah Arendt, la Mesa de Dialogo de la Juventud Cubana, el Centro de Asesoría Legal Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoners Defenders, Amnistía Internacional, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Civil Rights Defenders, entre otros.
Las organizaciones de la sociedad civil independiente han sufrido actos de intimidación, detenciones y violencia de forma ininterrumpida. Los líderes y activistas defensores de derechos humanos en la isla viven constantemente una campaña de acoso por medio de citaciones policiales y amenazas para impedir que la oposición se desarrolle.
Uno de los casos más visibles es el de la familia Miranda Leyva, miembros del Comando Cívico Olegario Charlot, en la provincia de Holguín, que el pasado 26 de septiembre fueron asaltados y violentados por vecinos al servicio de la Seguridad del Estado cubano. Esa noche parte de su vivienda fue quemada su vivienda y los dueños, acompañados de sus hijos menores de edad se encuentran en la actualidad solicitando refugio político por temor a perder la vida.
Entretanto, Yordanis Labrada Téllez, coordinador de la UNPACU en Santiago de Cuba, el pasado 17 de septiembre sufrió allanamiento en su vivienda, por parte de agentes de la policía política. Se lo llevaron detenido por la supuesta aparición de carteles contestatarios en puntos de su municipio, Songo-La Maya.
En esa ocasión le ocuparon dos teléfonos móviles y varias pegatinas de Cuba Decide. Fue citado el 21 de ese mismo mes, donde se le impuso una multa de 1000 CUP (40 USD) por tener en la puerta de su casa pegatinas de Cuba Decide y una foto de José Daniel, líder de la UNPACU.
Un caso muy preocupante es el de Ebert Hidalgo Cruz, miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide, que el pasado 17 de septiembre las autoridades fueron a su vivienda fue detenido arbitrariamente (sin justificación legal) por la policía. Conducido a las afueras de la ciudad a un lugar deshabitado, donde fue golpeado, empujado, amenazado de muerte y a ser llevado a prisión junto a su familia.
La sede principal de UNPACU lleva más de 100 días bajo un cerco policial por las fuerzas represivas del régimen para impedir la entrada de los miembros de la organización y otras personas que necesitan alimentos y medicamentos que el grupo opositor les provee de forma gratuita.
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