Transportistas cubanos exigen sus derechos

Foto: Publicada por ADN Cuba

Durante la pandemia de la COVID-19 el gobierno cubano le dio la espalda al sector cuentapropista, quien vio paralizado en gran medida sus servicios e ingresos. Y dentro del sector, el gremio de los transportistas ha sido uno de los más afectados. Ellos, junto a los sectores de la gastronomía y los servicios, son los más nutridos y los que más aportan al país.

En un reciente foro virtual, porteadores privados de toda la isla denunciaron la situación existente antes y después de la COVID-19, exigiéndole al Ministerio de Transporte (MITRANS) tomar partido por las afectaciones sufridas y responder, como sindicato, a las inquietudes y preocupaciones que atañan al sector.

A sabiendas de la grave situación que enfrentarían los transportistas, la entidad rectora tuvo que reconocer que el gobierno cubano, producto de la tensa situación económica que enfrentó la isla con la drástica contracción de sus ingresos y el recrudecimiento del bloqueo, no aprobó ni concibió ningún plan de ayuda o rescate económico para estos y sus familiares.

En cambio, el sector estatal fue socorrido inmediatamente con medidas que subvencionaron, sin respaldo productivo, hasta el 60% de su salario, erogándose en octubre 2020 sumas por más de 621 millones de pesos, según Ministerio de Finanzas y precios, aumentando así el nivel inflacionario de la mayor de las Antillas.

En Cuba, los porteadores privados tienen que pagar de forma obligatoria una serie de impuestos tales como el seguro de transporte terrestre y la seguridad social, entre otros, por los ingresos obtenidos a través de declaración jurada. Sin embargo, a pesar del monto nada despreciable que aportan a las arcas del Estado, no se materializó ninguna propuesta de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados durante estos 6 meses sin trabajo.

Por si fuera poco, entre las medidas más radicales e impopulares estuvo la retirada arbitraria de todas las tarjetas de combustible, sin tener en cuenta las particularidades y complejidades del sector que, a pesar de no prestar servicios ni siquiera bajo el más estricto apego a las medidas de seguridad, vieron imposibilitadas la realización de acciones de reparación y mantenimiento al tener prohibida su circulación.

El descontento en el sector por el maltrato y la desatención a la que son sometidos continuamente con total indiferencia, se hace latente cuando llevan tiempo solicitando infructuosamente la creación de una tienda para la venta diferenciada de accesorios e insumos indispensables para el funcionamiento del transporte, tales como aceites, filtros, gomas, correas, rodamientos, baterías, pinturas y material de chapistería.

Hay que tener en cuenta que la amplia mayoría del parque automotriz con el que se solventa la situación del transporte en la isla, tiene más de 60 años de explotación. Actualmente, más del 90% de estos insumos se consiguen en el mercado negro (proveniente de almacenes estatales) a precios elevados que al final repercuten en el bolsillo de nuestra población.

Otro aspecto que limita el servicio de los transportistas, es el referido a las licencias territoriales que restringen la libre circulación del porteador y circunscriben su trabajo a un radio de acción determinado, lo cual permite al Estado tener el control minucioso de su trabajo como si se tratara de un asalariado suyo.

De igual forma, otro tema lacerante para los transportistas cubanos está relacionado con el comportamiento inmoral de muchos inspectores corruptos, así como el trabajo en los “somatones” donde se presiona a los choferes exigiéndoles altas sumas de dinero para autorizarles las licencias de transporte, cuando son conscientes de que ni los vehículos estatales pueden cumplir con todos los requisitos establecidos.

Por estas y otras razones, debería constituir una premisa para el Ministerio de Transporte y de Finanzas y Precios, la reevaluación minuciosa y detallada de todas las particularidades que impactan de forma negativa en el sector, pudiendo llegarse inclusive a un consenso en el abaratamiento de los impuestos y por ende, del precio que llega a la población, si se les garantiza un mínimo de recursos a precios módicos y asequibles.

Reclamos como estos son poco escuchados por nuestros decisores, lo que pone de manifiesto la cruda realidad del aparato estatal cubano que es incapaz de salvaguardar los derechos e intereses de los transportistas privados, quienes amortiguan y minimizan las crecientes necesidades de una población que, cada vez más, apuesta por sus servicios.