El problema “sin solución” de la vivienda en Cuba

(Foto cortesía dela autor)

Con mucho esfuerzo y sacrificio, cientos de familias en Cuba han intentado, sin éxito, legalizar sus casas. Con la puesta en vigor de la nueva política de la vivienda, en mayo de 2019, muchos pensaron que acabaría su pesadilla. Sin embargo, no fue así.

La ocupación ilícita de terrenos y las construcciones sin autorizo, son penadas con multas de entre 500 y 2.000 pesos por inspectores insaciables. Buena parte de ese dinero va a sus bolsillos dado que las viviendas no tienen estatus legal. En Planificación Física se limitan a decir que las zonas ocupadas no están concebidas dentro de las áreas de crecimiento poblacional. La solución, si se posee dirección actualizada, es anotarse en un listado de solicitud de terreno que data desde 2015.

“Al Estado no le interesan las condiciones en que vivimos, por eso no quieren entregar terrenos para que construyamos”, sentenció Damaris Benítez López, vecina de La Concepción. Este caserío marginal se encuentra en Mayabeque y el Grupo de Enfrentamiento del Consejo de la Administración ha intentado erradicarlo infructuosamente en varias ocasiones.

Por lo general, este tipo de asentamientos se concentra en la periferia de los pueblos rurales. Están compuestos por familias numerosas y de baja solvencia económica, en las cuales abundan los llamados casos sociales. Construyen como pueden, con materiales que van desde tablas de palma, plástico y planchas de zinc, hasta cartones forrados con cinta adhesiva. Los pisos son de tierra, con letrinas como servicio sanitario. No tienen agua y la electricidad (los pocos que la tienen) la consiguen por medio de tendederas desde instalaciones cercanas.

Otra joven vecina que quiso omitir su identidad, señaló que vive sola con dos hijos de 2 y 3 años. Su esposo la abandonó luego de convencerla de vender su casa en Granma y mudarse para la zona donde está el asentamiento. Esta joven siembra algunas viandas en su patio y trabaja para algunas familias cercanas que la ayudan en lo que pueden; pero no quiere irse.

Como ninguna de estas familias posee dirección actual, no pueden acceder a créditos y subsidios ni cuentan con libreta de abastecimientos. Sin embargo, “de aquí no nos vamos hasta que nos den una casa o un terreno legal para construir”, afirmó Idalberto Morales Sanabria, vecino proveniente de Guantánamo. Comenta que en La Concepción trabaja la tierra por 150 pesos, mientras que en su provincia de origen lo hacía por 40 pesos.

Después de la puesta en vigor del Decreto-Ley 327 del Nuevo Proceso Inversionista, a los gobiernos municipales se les ha vuelto una odisea la entrega de solares yermos para la construcción de viviendas. La larga lista de requisitos ha hecho que sea uno de los planteamientos más demandados y sin solución. En la actualidad, la mayoría de las áreas de desarrollo del país se concentran en repartos militares o de médicos, sin cabida para el esfuerzo propio.

Relata Damaris que su padre y otras 13 familias fueron los primeros en asentarse en La Concepción. El terreno, situado a 3 km del pueblo más cercano, se encontraba perdido en marabú. Cuando aumentó el número de pobladores, las autoridades intervinieron y “cargaron con todos”.

Según los pobladores, el asentamiento no ha crecido más precisamente por el reiterado acoso y hostigamiento. Las demoliciones y deportaciones por medio de la violencia han puesto en tela de juicio el tema de la igualdad en derechos y oportunidades de todos los cubanos.

Antes de 1959, La Concepción era una finca privada. Al emigrar su propietario, fue intervenida por la Revolución. Actualmente se compone de unas 150 viviendas en condiciones precarias. La habitan cerca de 500 personas que carecen de todo tipo de servicios.