Los derechos humanos en Cuba y el Estado como principal transgresor

Foto: Detención violenta del activista y periodista Boris González Arenas en la marcha LGTBI 2019

Pese al esfuerzo que realiza la sociedad civil independiente en materia de derechos humanos, y su promoción; es muy poco lo que se ha avanzado en ese aspecto en Cuba. Las violaciones a los derechos individuales y el no cumplimiento de tratados internacionales de los que el gobierno dela isla es signatario, continúan siendo una práctica cotidiana que deja a muchos sectores sociales en una situación de vulnerabilidad.

Las violaciones y la sistematicidad con que suceden las vulneraciones, dejan en evidencia, ante la opinión pública internacional a un Estado que, lejos de cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos, se ha convertido en su principal transgresor. Se pone entre dicho lo que se dice o escribe en un documento, con lo que en realidad ocurre.

Hechos recientes como el acontecido con el Movimiento San Isidro (MSI), y la violencia con la que fueron desalojados de la casa donde llevaban a cabo una huelga pacífica, demuestran lo que decimos. Lo ocurrido con estos jóvenes muestra el lado más oscuro de la represión gubernamental, y las violaciones institucionales, que hoy han llegado a picos solo comparados con los de la tristemente célebre, primavera negra.

Aún, cuando en la reciente Constitución de la República, se reconoce a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) como una fuente de derecho ciudadano, que se integra al ordenamiento jurídico de la nación; no queda claro hasta qué punto los ciudadanos pueden ampararse en ella para ejercer sus derechos. Teniendo en cuenta que lo estipulado en la Constitución prevalece sobre cualquier tipo de tratado internacional, toda normativa jurídica que entre en contradicción con estos tratados, terminaría por inhabilitarlos.

Todos sabemos que la reciente Carta Magna está llena de trampas jurídicas. Este documento supremo está compuesto por artículos abiertos a la interpretación; por tanto, lo que para un ciudadano podría significar el ejercicio pleno de sus derechos, para la ley podría ser una violación flagrante a la soberanía del país o al derecho de terceros. Ello significa que una persona podría acarrear severas consecuencias al ser juzgada por intentar socavar la seguridad y la paz nacional.

Muchos de los tratados internacionales como, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que han sido firmados por el Estado cubano, no generan obligaciones hasta que este no lo ratifique. Esto, en cierta medida, le ofrece un nivel mayor de impunidad a la hora violentar los derechos de la ciudadanía.

Intrigar, incitar, manipular y dividir a la sociedad para enfrentarla, ha sido la política que durante 61 años ha empleado este sistema para sofocar todo intento de cambio. Mientras, por un lado, insta y permite a sus proselitistas todo tipo de vejámenes contra la oposición o defensores de los derechos humanos; por el otro les impide a estos el ejercicio de sus derechos. Se les detiene de manera arbitraria y violenta, se les golpea, se les difama y hasta se les encarcela, por su manera de pensar o su modo de expresarse.

Por desgracia para el mundo, países como Cuba o Venezuela, -donde la violación de los derechos humanos son pan nuestro de cada día- forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un organismo que se encarga de monitorear estas violaciones ya que, ser parte de él, supuestamente implica, la responsabilidad de defender altos estándares de derechos humanos. En fin, que como diríamos en buen cubano, “en casa del herrero, cuchillo de palo”.