Ordenamiento económico y desamparo social

Imagen tomada de Cubanet

Pese a que el gobierno cubano ha anunciado, en reiteradas ocasiones, que se haría una revisión exhaustiva a todos los casos a los que se les había decidido retirarle la ayuda social, la realidad parece ser distinta. No importa cuánto insistan quienes están al frente de la estrategia económica, para hacer creer que no se trata de una terapia de choque, con las correspondientes medidas de austeridad. Los acontecimientos de los últimos días, han demostrado lo contrario.

El caso de Alejandro Gil Landabe es uno de los tantos donde, producto al nuevo ordenamiento económico, una persona en una posición de vulnerabilidad, queda despojado de su seguro social. Según afirman los funcionarios encargados de analizar su caso, él no cumple con los requisitos para ser un asistenciado.

Alejandro, quien luego de quedar desempleado por una de las tantas reducciones de plantilla en la refinería de Santiago de Cuba, donde en 2008 trabajaba, comenzó a dedicarse a la pesca submarina. En el 2010, mientras realizaba una inmersión a 90 metros, su equipo de buceo sufrió un desperfecto. Tras emerger de manera precipitada, producto de la activación del mecanismo de seguridad del equipo, le fue imposible hacer las paradas de descompresión, lo que le provocó un accidente de severas consecuencias. Luego de varios meses en coma, logró rebasar la gravedad, aunque no la lesión medular cervical que le causó la parálisis parcial de los brazos y la total de las piernas.

En 2013, luego de varias trabas burocráticas y dilaciones, le fue aprobada una ayuda social de 147 pesos y una cuidadora, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que su madre había comenzado a presentar algunos problemas de salud.

A finales de 2019 Alejandro, como presidente de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), de la comunidad de Mar Verde, solicitó una carta para que se le permitiera realizar eventos culturales en los límites de su propiedad. Según cuenta “había pocas opciones de diversión para los jóvenes y ninguna para los discapacitados”. Estas actividades no fueron del agrado del ex oficial del Ministerio del Interior (MININT) Armando Despaigne González, quien se había mudado hacía poco tiempo al vecindario.

Éste, haciendo uso de sus influencias en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), puso una denuncia en su contra porque, supuestamente Alejandro, incitaba a los jóvenes a consumir drogas. Producto de esto, le fueron practicados varios registros, sin que se le presentara orden alguna. Pese a no encontrársele nada, le decomisaron varios artículos, entre ellos el equipo de música que él había donado a la ACLIFIM.

El 23 de febrero del 2020, la trabajadora social le comunicó que habían decidido retirarle la ayuda social. Armando, quien además es el presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), había declarado en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que, la cuidadora y él eran pareja. Además de esto, también afirmó que su invalidez era dudosa.

Pese a que Alejandro ha agotado todos los recursos legales, su caso continúa sin solución. Ni la Dirección Provincial de Seguro Social, ni la ACLIFIM, ni atención a la ciudadanía del MININT, ni el propio Tribunal Provincial de Justicia, le han dado respuesta a su caso. El 3 de diciembre, como parte del día de los discapacitados, se dirigió al parque Céspedes, donde se manifestó pidiendo respeto para los discapacitados. La Seguridad del Estado le prometió que se resolvería su problema, pero hasta hoy continúa sin solución, aún cuando por todos los medios de la prensa oficialista se repite que, “nadie quedará desamparado”.