Educación, salud y preservación del control autoritario

Para la “gran” revolución de Castro, la educación y la salud constituyeron un pilar intocable. Y lo mismo para Raúl y Díaz-Canel y probablemente para quien suceda en el mando a este último.

La educación y la salud, más allá de un logro, se convirtieron históricamente en un pretexto idóneo para adormecer a las masas bajo los conceptos de humanidad, gratuidad y sensibilidad. Sin embargo, la verdadera esencia de por qué la educación y la salud no pueden ejercerse por cuenta propia radica en la preservación del control autoritario sobre el pueblo.

Recientemente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actualizó la carpeta de actividades por cuenta propia (TCP) elevando a más de 2 mil las aprobadas para su ejercicio. No obstante, más de un centenar de profesiones quedaron limitadas de licencias dentro de las que figuran, además de educación y la salud, los servicios especializados de ingeniería y arquitectura, periodismo y veterinaria, entre otros.

Si bien existen algunas flexibilizaciones en materia de educación (profesor de mecanografía, idioma, taquigrafía y repasadores particulares, por ejemplo), en salud pública no hubo concesión alguna. Al igual que el sistema no está dispuesto a cambiar los obsoletos planes de estudios ni a que se deje de entonar cada mañana el Himno de Bayamo, tampoco está dispuesto a que surjan clínicas privadas de atención primaria, veterinaria, rehabilitación o estomatología.

Permitir que existieran esas actividades privadas no significaría hacer desaparecer los servicios públicos, sino de que coexistan. Es un derecho que asiste a las familias poder escoger el tipo de educación y atención de salud que desean recibir sin que medie ningún tipo de adoctrinamiento. La educación y la salud públicas deberán continuar, con sus carencias e imperfecciones, pues más allá de quienes no la puedan pagar, es una obligación que cualquier país debe garantizar.

No hay que llamarse a engaño. El denominador común de no aprobar aperturas en dichos sectores está dirigido a que el pueblo no tenga la opción de comparar cuán distinto puede ser el funcionamiento de estos servicios cuando es pago y el cliente puede exigir por su calidad, trato y atención. Incluso más: es tan sencillo como que el gobierno necesita que el pueblo le esté agradecido por el servicio que se le brinda, independientemente de que sea bueno o malo, para que el mensaje político-ideológico de dependencia llegue sin distorsión a las masas.

Los gobernantes necesitan contar, aunque estén conscientes de que es una falacia, con profesionales que estén identificados con la ideología marxista-fidelista y que, ante determinados incidentes, respondan tal cual lo harían ellos, aunque sea a partir de los mecanismos de extorsión y no de convicción que ellos aplican. El caso más reciente fue denunciado por redes sociales cuando el propio Ministro de Cultura Alpidio Alonso, atrincheró a sus funcionarios frente a la sede de su ministerio sin tener facultad para ello.

El régimen, en su idilio utópico de justicia y equidad, sacrifica la mejoría sustancial que pudiera representar para el pueblo contar con alternativas como éstas. Además de liberar al Estado de la carga y responsabilidad de empleo, así como de seguridad social, descongestionaría sus servicios y maximizaría la preparación y atención del pueblo pudiendo engrosar el cúmulo de TCP y la recaudación de ingresos, lo que disminuiría significativamente la carga para un sector presupuestado que acapara el 48 % del presupuesto del Estado.