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El 26 de febrero, organizaciones defensoras de los animales y activistas consiguieron que el Consejo de Estado aprobara el anhelado Decreto-Ley de Bienestar Animal. Otra victoria de la sociedad civil independiente que sigue ganando terreno, como ha venido sucediendo con la violencia de género y los derechos de la comunidad LGBTI.
La concentración de un grupo de protestas promovidas por activistas animalistas, fundamentalmente frente a la sede del Ministerio de la Agricultura (MINAG), agilizaron la aprobación de esta normativa que había sido pospuesta desde noviembre de 2020 y que no tiene precedentes en la isla.
El decreto se pronuncia en favor de la conservación de la diversidad biológica, la cultura general integral de la población y la necesidad de evitar malos tratos, abusos y crueldad sobre los animales. Regula cómo debe ser el cuidado de los animales en exteriores y norma el uso de estos con fines de experimentación, así como los requisitos sanitarios para su comercialización, transportación, estabulación, sujeción y sacrificio.
Sin embargo y paradójicamente, la información difundida por los medios oficialistas hizo mutis con respecto a la ilegalidad de las peleas de perros y gallos. De igual forma fue cuestionada la gestión de las poblaciones caninas callejeras que seguirán actuando según lo regulado por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Programa Nacional de Control y Prevención de Rabia, quienes establecen la conducta a seguir con los animales ambulantes una vez que hayan sido recolectados y trasladados a los centros de observación. Ambos puntos controvertidos generaron protestas y reclamos en defensa de la protección y la adopción de estos animales por encima de la violencia y la eutanasia.
En la elaboración de este decreto intervinieron 42 personas de organismos estatales, centros de investigación, productores, criadores y asociaciones vinculadas a la crianza y producción animal, según refirió el director de Sanidad Animal del MINAG.
Según una nota de prensa, “esta disposición normativa establece las obligaciones de las instituciones y las personas naturales respecto a la protección y el cuidado de los animales, y contribuirá a concienciar a la población en el respeto y la tenencia responsable de los mismos”. Aun así, deja un margen cuestionable para los sacrificios que deberán ser “de forma compasiva y rápida, con evitación del dolor y el estrés, garantizando una correcta manipulación y la matanza de manera humanitaria”.
Ahora solo cabe esperar cómo las autoridades harán valer estas y las tantas leyes que hay aprobadas en un país donde prima la corrupción y el desapego a la constitución. Los animalistas e integrantes de la sociedad civil esperan que se impongan severas multas contra todos aquellos que infrinjan lo establecido.
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