Derechos Humanos made in Cuba

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Cuba se vanagloria de haber firmado y ratificado más derechos humanos que los Estados Unidos. Para ser precisos, 44 de 61 instrumentos internacionales. Sumida en su arrogancia, se jacta de decir que el vecino del norte no puede cuestionar la situación interna de la isla cuando cada mes, por ejemplo, un afrodescendiente es asesinado en el Imperio.

Desde hace 60 años, el Estado cubano ejecuta acciones represivas contra los actores de la sociedad civil, particularmente periodistas, artistas y líderes comunitarios. Las represiones, censuras y hostigamiento a los activistas ha sido una prioridad para La Habana, pues el control de “la verdad” es vital para la supervivencia del régimen. El 2020 fue un ejemplo notorio cuando utilizaron como pretexto la crisis económica y sanitaria de la COVID-19 para arremeter contra quienes piensan diferente.

El Decreto-Ley 370 es uno de los más empleados por el régimen, pues se ensaña contra cualquiera que informe sobre la realidad y violaciones de derechos humanos ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, de opinión y asociación. El acoso y la represión, así como las restricciones y el control del acceso a internet, los bloqueos de sitios web y de comunicaciones, el arresto y la intimidación, han sido las tácticas empleadas por el estado para silenciar a sus críticos.

Entre las violaciones más comunes del régimen están: las ejecuciones y detenciones arbitrarias o ilegales y los procesos penales de quienes luchan contra el feminicidio, los derechos de la comunidad LGTBI y en favor del medio ambiente; las multas a activistas sociales y los desalojos; decomisos de productos y mercancías a los cuentapropistas y ciudadanos; maltratos físicos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario; desapariciones forzosas y desconocidas por días y semanas sin constancia en los registros policiales; pésimas condiciones carcelarias con agresiones y saneamientos y atención médica deficientes; violaciones a los derechos de privacidad de las personas; persecución; imposibilidad de salir del país; y discriminación racial.

Quizá el caso más citado del pasado año fue el asesinato del afrocubano Hansel Hernández quien, desarmado, murió a manos de la PNR, sin que aún se hayan esclarecido las causas. De igual forma sobresalieron las violaciones a José Daniel Ferrer, Luís M. Otero, Maykel Osorbo, Tania Bruguera, Alexander Raúl Pupo, Keilylli de la Mora y a los protagonistas de San Isidro y de la concentración de artistas y activistas frente a la sede del Ministerio de Cultura.

El deteriorado sistema económico y social, también continúa violando los derechos sindicales y laborales al no reconocer la existencia de asociaciones independientes que luchen por los verdaderos intereses de los obreros y por los que trabajan en el sector privado. Además, el salario sigue estando por debajo del umbral de la pobreza, incrementando las desigualdades y limitaciones para el desarrollo de una vida digna.

A ello se unen otros fenómenos como la corrupción de la isla, en las que sus principales dirigentes mantienen empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales con el que garantizan su futuro, sufragan campañas y estimulan movimientos internacionales de apoyo a la isla.

Sin embargo, de nada valió haber sido un año nefasto para la sociedad civil independiente y el repudio de decenas de organizaciones internacionales cuando el pasado 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le volvió a conceder un asiento al estado cubano.

No obstante, con cada nueva represalia y consigan del periódico Granma, el castrismo se difama aún más ante el pueblo y la opinión pública internacional. Cuba sigue siendo un estado totalitario en toda su expresión y ello se materializa en la ausencia de libertades y derechos ciudadanos. Solo necesita que gobiernos, organismos e instituciones reaccionen con más celeridad ante la falta de derechos humanos en la isla.