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El Salvador y su acelerado camino a la servidumbre

Lo que ha venido sucediendo en El Salvador es un ejemplo ideal de aquel dicho popular “una de cal y otra de arena”.

Por Andrés Ricaurte Pazmiño.

En junio de 2019, Nayib Bukele se convirtió en el cuadragésimo sexto presidente de la república de El Salvador, después de haber obtenido una sólida victoria en primera vuelta pese a no estar abanderado por ninguno de los partidos que durante alrededor de 30 años habían gobernado el pequeño Estado centroamericano.

Durante los primeros meses de su mandato Bukele empezó a resaltar a nivel internacional por la fuerza y constancia con la que manejaba su gobierno, así como el éxito que estaba obteniendo en el combate contra la corrupción y los acuerdos en cuanto a política migratoria con países como México y Estados Unidos. Sin embargo, también desde un inicio, los organismos de derechos humanos dispararon las alarmas en cuanto a los abusos que podían notarse, particularmente con algunas de las medidas adoptadas por el régimen de Bukele para combatir a las pandillas extendidas por el territorio nacional y las acciones que en función del estado de emergencia decretado en el sistema carcelario, apuntaban a un encierro total de los reos, o en palabras del mismo Presidente “ni un rayo de sol para nadie”.

A pesar de esto, la imagen de Bukele continuaba siendo bastante positiva, pues somos conscientes de que muchas veces la gran mayoría de la población olvida que las personas que se encuentran pagando penas privativas de la libertad también son seres humanos cuyos derechos no deben ser vulnerados.

Con el pasar del tiempo las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19 golpearon también al país, cuyo mandatario ejecutó medidas como el cierre del Aeropuerto Internacional o la rápida construcción del hospital más grande de la región para el manejo de estos casos -aunque también ha sido objeto de varios señalamientos por el manejo hermético de la información financiera sobre su construcción-, entrega de kits de medicamentos, tamizajes comunitarios, entre otras, hechos que incluso llevaron a El Salvador a ser reconocida por instituciones como Lowy en Australia o la Organización Mundial de la Salud como un ejemplo de efectividad en el manejo de la pandemia, logrando de esta manera difuminar las críticas por los atropellos de derechos humanos cometidos.

Por otra parte, meses atrás se llevaron a cabo las elecciones legislativas de la República de El Salvador, en las cuales el partido del oficialismo logró la mayoría absoluta a través de unos resultados aplastantes. Una vez posesionado el nuevo cúmulo de legisladores, los partidarios de Bukele impulsaron de manera inmediata la destitución de todos los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proceso que el Presidente ha defendido en reiteradas ocasiones por cuanto estima que los jueces constitucionales le han retirado facultades para atender la pandemia.

Lo que ha venido sucediendo en El Salvador es un ejemplo ideal de aquel dicho popular “una de cal y otra de arena”, aunque la destitución de los jueces de la Corte Suprema evidentemente inclina la balanza a favor de la cal, pues la garantía fundamental de la democracia representativa es la separación de poderes.

En medio de la crisis sanitaria que vive el mundo entero, con tristeza todo parece apuntar a la consolidación de una nueva autocracia, liderada, como siempre sucede en estos casos, por un nuevo –y falso- profeta, que ahora con la falta de control recíproco de poderes separados, quedará a sus anchas para hacer y deshacer cuanto sus designios del poder pretendan lograr, abriendo la puerta a nuevos abusos y la persecución de sus detractores.

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