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La internacionalización de la represión en Cuba

Cualquier cubano con otra ciudadanía podrá ser vigilado y hasta sancionado al entrar al país por ejercer la libertad de expresión, asociación y manifestación; derechos considerados delitos en su país natal si van en contra de la ideología comunista.

Imagen tomada de Pixabay

El pasado mes de mayo, José Luis Reyes Blanco, jefe de Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, compareció en un programa oficialista llamado Hacemos Cuba. Allí aseguró que el país contaba con un sistema de leyes que permitía enfrentar cualquier tipo de agresión o actividad subversiva, siendo la Constitución la cabeza de dicho sistema.

Entrevistado por el moderador del programa, el vocero oficialista Humberto López, Reyes Blanco develó el arsenal de herramientas jurídicas existentes para “atacar y defender, desde el Derecho, el modelo económico, político y social” impuesto por el régimen.

El magistrado partió de la Carta Magna como ley suprema de los cubanos, y citó su artículo 4 que refrenda que “la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano”, enfatizando que “la traición es el más grave de los crímenes, quien lo cometa está sujeto a las más severas sanciones.”

Este precepto, muy utilizado para la intimidación, es el que “respalda el derecho de los cubanos a combatir cualquier agresión. Y por ende, defender el país que han decidido construir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso”.

De igual forma, el artículo 13 explica los fines esenciales del Estado, entre los que figuran mantener y defender la independencia, la integridad y la soberanía, así como preservar la seguridad nacional. Son las herramientas que aseguran la perpetuidad del sistema.

La dictadura cuenta con normas incluidas en su Código Penal, la Ley de Reafirmación de la Dignidad de 1996 (Ley 80) y la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de 1999 (Ley 88). Todas ellas complementan el ordenamiento jurídico, si de términos de defensa se habla.

Por ejemplo, el Código Penal establece en su artículo 1.1 de forma preventiva y educativa, “la protección a la sociedad, al orden social y al sistema” (o sea, a sus intereses). Sin embargo, en su acápite 200, arremete contra todos aquellos que “sin causa que lo justifique, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma o profiera amenazas de un peligro común (…) con el propósito de provocar pánico o tumulto o cualquier forma que altere el orden público”.

Así inhiben o neutralizan toda forma de expresión y/o manifestación independiente al sistema. Sin embargo, la que se llamó “tángana” desarrollada “espontáneamente” por la “juventud cubana” en el parque Trillo, a la que asistió Díaz-Canel, no fue tildada de tumulto, ni de desorden público. Mucho menos como evento propagador de la pandemia. Por casos similares muchos cubanos han sido multados severamente.

Las leyes cubanas también reconocen como delitos, la propaganda “al servicio del enemigo”, el ultraje a los símbolos patrios, el mercenarismo y los actos vandálicos contra establecimientos públicos o comerciales u otras entidades. Olvidan, en su afán de criminalizar la oposición que actos vandálicos semejantes fueron empleados por la generación histórica de la Revolución en su lucha contra Batista.

Las protestas también han crecido en la comunidad cubana en el exterior y es por ello que se internacionaliza la represión. La dictadura monitorea a los cubanos residentes fuera del país, detiene visitas y niega visados, secuestra y arremete contra disidentes de terceros países e infiltra espías en organizaciones exiliados en el exterior. Ahora se alega que el Código Penal tendrá alcance extraterritorial.

En lo adelante, cualquier cubano con otra ciudadanía podrá ser vigilado y hasta sancionado al entrar al país por ejercer la libertad de expresión, asociación y manifestación, derechos protegidos en los países donde residen, pero considerados delitos en su país natal si van en contra de la ideología comunista.

Cuba ha desatado una ola represiva a escala nacional desde el pasado año. Actualmente, su cara más visible ha sido el secuestro de Luis Manuel Otero, quien finalmente ha sido puesto en libertad después de casi un mes de retención en el hospital “Calixto García”.

Las innovaciones y los desempolvamientos en materia jurídica, ratifican el blindaje del régimen para la salvaguarda de sus “conquistas” y la obstinada violación a los más elementales derechos humanos. José Luís Reyes remarcó que “todas las personas que participen de algún modo en estos hechos, pueden ser procesados, aunque no se encuentren en el país”.

Eddy Delgado

Se graduó como arquitecto del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (CUJAE). Atiende el tema de la divulgación de la organización Centro de Estudios Políticos y Alternativos para la Transición Democrática (CEPADT), y está al frente del trabajo con los jóvenes.

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