Cómo el régimen antepone la política a la salud

Todos los sistemas autoritarios han antepuesto sus intereses a los del pueblo, aunque dicen deberse única y exclusivamente a este. La dictadura castrista, que inició en 1959, ha demostrado, ser un ejemplo de arbitrariedad. La salud, si bien tuvo un avance después del triunfo de la revolución, fundamentalmente con la edificación de consultorios y la formación masiva de médicos, ha venido mostrando un estancamiento casi permanente tras el periodo especial.

Aunque existen muchas incongruencias y secretismo, según la Ley 144/2021 publicada el 4 de enero en la Gaceta Oficial Nº 1 Extraordinaria de 2022, Cuba destinará aproximadamente 224 850.3 millones de pesos cubanos a gastos asociados al sector presupuestado (incluye los sectores de la educación, la salud, la administración pública, los servicios y otros). Sin embargo, o bien ese monto no es gran cosa, o es insuficiente su componente en moneda libremente convertible (MLC), que solo se emplea en pagar salarios y algún que otro mantenimiento a viejas edificaciones.

Con excepción del Centro de Investigaciones Médicas (CIMED) —el mejor de los hospitales de la isla al que solo tienen acceso los altos generales y oficiales, ministros, artistas y dirigentes— y algún que otro centro de investigación, muchas de las técnicas y procedimientos que hoy se emplean en hospitales, institutos y hasta clínicas dentales son obsoletos y contraindicados. Pero claro, es lo más barato lo que le regala al pueblo un sistema que presume ser una potencia médica.

Hoy, la mayoría de los consultorios médicos permanecen cerrados por falta de personal. En el mejor de los casos le atiende un extranjero o un residente que se especializa en la emisión de recetas. Los mejores se concentran en los policlínicos municipales o están de misiones internacionalistas para buscarse la vida o emigrar. En la mayoría de los hospitales provinciales ni siquiera hay ambulancias disponibles para emergencias. Son los propios familiares los que deben alquilar carros particulares a elevados precios (hasta un tercio del salario medio de 3 200 pesos) para trasladarlos. Eso por no hablar de la higiene que la acometen reclusos y la atención y el trato que dejan mucho que desear.

Los medicamentos escasean por todos los lados. El regionalismo impuesto por el propio sistema imposibilita a los cubanos desplazarse a otras provincias para adquirirlos en La Habana, donde hay más productos. Las farmacias se surten quincenalmente y ni siquiera, por tarjetones y tickets, alcanza el racionamiento, incluyendo algunos básicos entre analgésicos y antibióticos. Pero en el mercado negro se encuentra de todo a altos precios.

Con la llegada del COVID-19, se acentuaron las deficiencias de un sistema de salud ya depauperado y desatendido que puso en riesgo la salud de su pueblo por priorizar la economía. A la falta de medicamentos, se le unió un repunte de más de diez mil casos diarios positivos que colapsó el servicio médico primario e intensivista, al extremo de tener que hacer regresar misiones internacionalistas y autorizar los ingresos domiciliarios por el colapso de hospitales y centros de aislamientos.

Aun así, fue manipulada la transparencia de los datos oficialistas sobre la pandemia para crear un estado de opinión positivo y de confianza en el régimen. No hubo antígenos, medicamentos, ni PCR en momentos cruciales. El país emergió de esa situación gracias, en gran medida, a las donaciones de países hermanos.

A pesar de todo ese lamentable contexto, los órganos represivos del régimen aumentaron la dilapidación de recursos manteniendo en el estrecho cerco a los miembros de la sociedad civil independiente, sobre todo tras los sucesos del 11 de julio y los preparativos de huelga del 15-N, convocadas por Archipiélago. Para comprar nuevas perseguidores y apertrechar aún más las bandas antimotines del MININT, nunca faltaron los recursos.

Y ese triste y desolador contexto es el que continuará imperando en el sistema de salud antillano pues la prioridad del régimen nunca será curar enfermedades y acabar con la miseria de su pueblo, sino la preservación a toda costa de su ideología, obsoleta y antidemocrática que se ha empeñado, durante más de 60 años, hacerla viable y perpetua. Salvar vidas debe estar por encima de toda creencia y fanatismo político. Para ellos, que se jactan de hablar de democracia y derechos humanos, sepan que violan el primer derecho humano: el derecho a la vida.