Acuerdos y desacuerdos de un Código

En febrero comenzó en Cuba la consulta popular del anteproyecto del nuevo Código de las Familias. Se trata, según el gobierno, de un proyecto “amplio y abarcador”, sobre el cual los ciudadanos podrán opinar participando en alguna de las reuniones de los 78 mil puntos habilitados en el país. También podrán hacerlo vía correo, tanto desde el interior como desde el exterior de Cuba.

Sin embargo, “opinar” o “valorar” desde la ciudadanía, en Cuba, tiene significados francamente peyorativos. La propia Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), señaló que “las reuniones no son para discrepar o discutir sobre ningún tema, sino para recoger información y procesarla”. El resultado de esta “consulta”, será llevada a referendo y luego aprobada por la Asamblea Nacional.

Hay mucha discrepancia centrada en la posibilidad del matrimonio homosexual, que parece canalizar y catalizar las fobias reprimidas. Por otro lado, las iglesias cristianas han hecho un llamado al análisis de los puntos que incumben y afectan directamente a su doctrina, enfatizando términos como “gestación solidaria”, “autonomía progresiva”, “adopción homoparental”, “maternidad subrogada” y la sustitución de “patria potestad” por “responsabilidad parental”. Una hecatombe para la familia, dicen, como si fuera algo nuevo generado por el Código. Olvidan que la familia como institución comenzó a destruirse en 1959.

Loable el interés de las iglesias por (intentar) hacer valer sus criterios. Han tenido la valentía de expresarlas, si bien resguardadas por el lenguaje ambiguo que busca incidir sobre las consecuencias guardando silencio sobre las causas. La primera pregunta relevante sería sobre la pertinencia de un Código como este en las circunstancias actuales, ni siquiera ya por el contenido, sino por el alcance que pueda tener su lectura y posibles interpretaciones. De esta manera, y ante el señalamiento de que no es un Código para “debatir”, las reuniones organizadas por el gobierno no pasan de ser una especie de catequesis de asentimiento.

Nadie jamás está preparado para los cambios, ni individual ni colectivamente. Se desean; pero la resistencia es innata. Se trata más bien de que exista la institucionalidad mínima que preserve los derechos de opinión, expresión y representatividad. La cuestión del socialismo en el gobierno de un país como Cuba, estriba en que otros grupos o partidos no tienen representación en él. De la misma manera, la cuestión de un Código de las Familias como el que se propone, no es lo novedoso y avanzado que pueda ser en sus presupuestos, sino que está subordinado a la misma Constitución que hace al socialismo irrevocable y que será aprobado por una Asamblea gubernamental sin contrapartidas. Por tanto, la aprobación o la desaprobación no vendrá por consenso popular, sino por conveniencia gubernamental.

Puesto que el estado cubano se define como laico y democrático, harían bien las iglesias en reclamar su espacio educativo, no el de los templos y casas parroquiales, sino el institucional. Y que los padres sean los que elijan dónde y cómo educar a sus hijos. Las iglesias, como ejemplo, porque han saltado al ruedo. A su manera. En Cuba, la ciudadanía ha estado siempre a la zaga de las demandas que el gobierno adelanta como ejercicio de derecho y luego recorta como pretendido ejercicio de defensa y soberanía.

Cuba necesita ante todo una reformulación económica y política. Cualquier intento legislativo que no lleve a ese fin, es una cortina de humo escondiendo intereses tal vez mezquinos. Pudiera suceder perfectamente que la aprobación del matrimonio homosexual, por ejemplo, tuviera el único objetivo de incorporar otra fuente de ingreso de divisas. El tema sigue siendo debatido más allá de las fronteras insulares y, dada la cachaza de los procesos, muchas parejas optan por viajar y unirse legalmente allí donde está permitido. De acuerdo con el matrimonio gay; pero en desacuerdo con su manipulación.

Difícilmente este Código fortalecerá a las familias cubanas, como preconiza el gobierno. Primero tendría que definir exactamente lo que entiende por familia y se tendrá que la concibe como “revolucionaria” y “comprometida”. La variedad que dice defender necesita solvencia para desarrollarse y una infraestructura social que no relegue la democracia al recinto hogareño. Mientras tanto, solo está forzando la convivencia, precaria de por sí. Se augura, entonces, más ruptura, la imprescindible para que los beneficiados con las bondades del nuevo Código recurran al gobierno y ganen sus pleitos. Y a cambio solo tendrán que decir “Patria o muerte”.