Organizaciones de masas y su rol en el 11J y el 15N

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el gobierno muchas veces han hecho énfasis en que las instituciones y organizaciones de masas, como se les conoce a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), entre otros, se deben única y exclusivamente al pueblo. Las manifestaciones del 11 de julio y el 15 de noviembre (15N) demostraron cuánta mentira hay en el objeto y esencia social de estas que en la práctica responden a los intereses del régimen.

Para la protesta del 15 de noviembre de 2021, el grupo Archipiélago solicitó formalmente y con suficiente antelación permiso para manifestarse pacíficamente para evitar los vejámenes y las violaciones cometidas en julio del 2021. Si las organizaciones de masas se debieran al pueblo, tal y como dicen, hubiesen protestado cuando tal solicitud fue denegada y declarada ilícita. Lejos de frustrarla, hubiesen colaborado con la logística solicitada que incluía el apoyo y la supervisión de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

También hubiesen protestado cuando activistas, universitarios, niños y ancianos fueron arrestados, interrogados y hostigados de forma sistemática previo a la manifestación.

Meses antes, cuando más de 60 municipios de la isla se levantaron el verano pasado contra la paupérrima situación económica y sanitaria de la isla, estas organizaciones debieron pronunciarse en favor del pueblo y, posterior a los incidentes, debieron crear comisiones que investigasen lo sucedido y enjuiciasen al presidente por la convocatoria pública de linchamiento. Con ello, no se estaría justificando los actos vandálicos cometidos contra los principales comercios, servicios, hospitales, ni el irrespeto a la autoridad, pero tampoco se estaría incriminando a alguien por mostrar su desacuerdo con el sistema político imperante como le ha tocado hacer a la Fiscalía de la República.

Los diputados —electos “libre” y “democráticamente”— por un pueblo que ni siquiera los propone, deben reconocer y exigir la aplicación textual de los derechos constitucionales de manifestación, reunión y expresión con fines pacíficos y que, fueron denegados en respuesta pública emitida por el Jefe del Consejo de la Administración de la capital.

Todas estas organizaciones deberían revisar su oportunismo y servilismo. La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), por ejemplo, debería eliminar los chantajes de estudio y separación de carreras universitarias cuando los jóvenes no se pronuncian como en la tángana del parque Trillo. La CTC debería pagarle las jornadas laborales a aquellos trabajadores que por convicción deciden no dar su reafirmación revolucionaria en el Malecón o en los desfiles conmemorativos por el Primero de Mayo. Lo mismo, la Federación de Mujeres Cubanas, la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y los CDR, que no han tomado medidas preventivas para evitar el aumento de casos de COVID-19 cuando han sido convocados masivamente para la realización de actos de repudio.

A la asamblea y a las organizaciones de masas les queda mucho trecho por recorrer para ser realmente representativas de un pueblo, que no es tan homogéneo como lo pintan. Pudieran primeramente comenzar por reconocer que existen otras organizaciones que componen la sociedad civil cubana, la que también muestran el sentir de una parte del pueblo y no responde, necesariamente, a los intereses del régimen.

Por si fuera poco, tal es el engranaje diseñado por la dictadura que, en arenas internacionales, todas estas organizaciones constituyen portavoz del gobierno y a diferencia de otras naciones, todos los puntos son de encuentro con las políticas del régimen. Se encargan de promover el sistema socialista como uno próspero y sostenible cuando la realidad ha demostrado —no sólo en Cuba— su carácter antidemocrático e ineficiente, económicamente hablando.

Estas organizaciones deberían reestructurar su composición y membresía, deslindarse de los intereses del oficialismo, ganar en autonomía y comprender que diferir de lo que dice, piensa y legisla el partido no es delito ni contrarrevolución, sino, como dijera Martí, trabajar realmente “con todos y por el bien de todos”. Quizá eso sea un verdadero ejercicio de democracia sin que medien las indicaciones y orientaciones de arriba.