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Mayabeque: Las injustas condenas contra los manifestantes del 11 de julio

En Cuba no hay colegios, bufetes, ni asociaciones independientes de abogados, y aunque lo hubiese, todo el sistema penal y judicial, se subordina única y exclusivamente a las leyes y aparato estatal.

Imagen tomada de CiberCuba

Darién Alcántara, un joven recién graduado de Economía, fue conducido por primera vez ante un juzgado el pasado 15 de febrero. Tenía su mirada envuelta en una extraña sensación de impotencia y retraimiento que se perdía en el suelo. Lo exhibieron esposado como todo un criminal delante su pueblo, que se había ido reuniendo frente al Tribunal Popular Municipal, ante el escandaloso pavoneo de las sirenas de la policía motorizada y un amplio despliegue policial. Allí estaban, a un lado de la calle, ahogados en pena, los padres y familiares de los acusados y más allá, cuchicheando por lo bajo, todos los que de vista conocían a los imputados por las masivas protestas del 11 de julio.

Darién fue uno de los tantos acusados de las autoridades mayabequense por estar involucrado en las manifestaciones que iniciaron el verano pasado, en San Antonio de los Baños, Artemisa. Estuvo detenido cinco meses y durante todo este tiempo no le quedó de otra que aguardar a que la fiscalía encontrase las supuestas pruebas para imputarlo.

Durante estos últimos meses, uno de los temas más recurrentes del acontecer antillano han sido los polémicos procesos de enjuiciamiento a los participantes de las protestas del 11de julio. La prensa oficialista tuvo que abordar el tema ante la presión ejercida por los familiares a través de redes sociales y medios independientes; así como la solidaridad de gobiernos y organizaciones internacionales.

Sucesos del 11 de julio

Darién Alcántara, si bien participó en las protestas del 11 de julio, no tiró una piedra, no desbalijó ningún centro comercial y mucho menos arremetió contra la autoridad. Ejercía la contabilidad por cuenta propia y era integrante de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos (C3), una organización de las muchas no reconocidas por el Estado que conforman la sociedad civil cubana no oficialista que se pronunció, con la llegada del COVID-19, contra la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) por la no atención a los TCP en plena pandemia.

Para el joven, los procesos de enjuiciamiento a los participantes de las protestas del 11 de julio constituyeron una excelente oportunidad para el régimen de disolver, denigrar y penalizar a los grupos opositores y a su vez, las penalizaciones, sirvieron para dar un golpe de autoridad sobre la mesa, intimidar y evitar que se repitan nuevamente. De ahí que las sentencias fueran exageradas por expresarse o manifestarse en contra del sistema.

Darién no protestó en su tierra natal, sino que estando ese domingo en San Antonio de los Baños, se sumó a la marea de pueblo junto a un grupo de cuentapropistas que desfilaron por las calles en solicitud de reformas políticas y mejoras económicas. “Mi mamá es de “El Palenque” (reparto de San Antonio de los Baños) y siempre que podíamos los fines de semana la íbamos a ver. Aquel día ya cuando nos íbamos, sentimos la algarabilla de la muchedumbre y ese barrio que se las trae, nos hizo no pensarlo dos veces. Para muchos era el fin de todo esto”, relató Melaine González, novia del muchacho evocando aquel día.

La fiscalía detuvo a Darién días después, tras llevar a cabo los procesos de investigación y relacionarlo con algunos de los participantes. Las autoridades si bien contaban con su participación en las protestas, nunca supusieron que lo hiciese fuera de sus tierras. Quizá por eso no pudieron demostrarle nada. A Melanie no la tocaron y anduvo toda la marcha con él.

El seno familiar

“Cuando vinieron a buscar a mi hijo, perdí el control de mí y si no es por mi mujer, quizás yo hubiese sido condenado con él” — así recordó Francisco la detención de Darién. Francisco (Pancho) Alcántara y Elsa Vázquez son los padres de Darién. Son una pequeña familia al interior de Mayabeque que se resignó a vivir en la modestia que le permitió la revolución. Su padre trabajó hasta su reciente jubilación en una cochiquera estatal y ella como profesora de matemática. Alcántara padre nunca tuvo afinidad con la revolución porque siendo niño, a su padre, le intervinieron las tierras que habían sido patrimonio familiar, los mandaron para el pueblo y ni siquiera los indemnizaron. “Nunca he creído en esta gente. A lo largo de la revolución, cada vez que han hecho algo ha sido para perpetuarse en el poder y perjudicarnos”, comentó.

“Esa noche se nos hizo eterna -relata Elsa- recuerdo que apenas dormimos y para cuando amaneció, ya habíamos llamado a varios abogado penales para asumir la defensa de mi hijo pero muchos evadían el asunto al contarle de que se trataba. Nadie quiere marcarse contra el sistema. Conozco de familias que tuvieron que vender sus pertenencias por valores entre 5 mil y 10 mil pesos para apelar puesto que los abogados de oficio que colocan ellos están comprometidos y los que no, siempre nos dijeron que ir en contra del Estado, era por gusto”.

En Cuba no hay colegios, bufetes, ni asociaciones independientes de abogados, y aunque lo hubiese, todo el sistema penal y judicial, se subordina única y exclusivamente a las leyes y aparato estatal. De modo que, la fiscalía siempre tuvo indicada cual era la postura a seguir contra los incriminados.

Injustas sanciones

Desde que tuvieron lugar los acontecimientos del 11 de julio, el régimen emprendió una feroz embestida contra los participantes y cabecillas de estos disturbios. Mayabeque fue una de las últimas provincias en celebrar los juicios y sus condenas no fueron menores a las del resto del país. Los procesos tuvieron lugar en los municipios que tuvieron participación directa en los incidentes del 11 de julio, siendo Güines, San José, Bejucal y Batabanó los más controvertidos. Las sanciones no guardaron relación con los cargos. Oscilaron entre los 5 y 20 años luego de que muchas conclusiones del tribunal y la defensa alegaran cargos por delitos menores.

Si bien Darién salió con una sanción mínima, que incluyó libertad condicional domiciliaria por un año y trabajo comunitario, el Tribunal Provincial de Mayabeque impuso duras sanciones a otros por desacato a la figura agravada, desórdenes públicos, evasión de presos o detenidos, instigación a delinquir y asesinato en grado de tentativa a los manifestantes de Mayabeque, dentro de los que sobresalieron los 20 años de privación de libertad para Maikel Puig Bergolla, los 18 años para Noslen Roque Cordero, los 15 años de Mariurka Díaz Calvo y los 12 años de Yaniel Santana Díaz.

“Mi hijo salió bien pero pudo estar entre los muchos que fueron severamente enjuiciados durante el proceso. Yo le pedí que se apartara de todo esto porque tengo miedo y es lo único que tengo. Cambiar “esto” no es sencillo. Estuve en los procesos de defensa y sentencia que me dejaron entrar y pude escuchar las condenas. Fue abusivo. Muchos cargos fueron exagerados, fabricados y no guardaban relación con las sentencias” comentó Elsa, madre del joven económico por cuenta propia.

“Todo aquello fue una farsa bien montada. Engañaron a muchos allí a los que le hacían creer que habían ganado el juicio, incluso luego de apelar. Los testigos fueron desestimados y las pruebas presentadas por la defensa obviadas. Había mucha rabia e impotencia”, relató Pancho.

Decenas de cadenas de prensa, organizaciones no gubernamentales y Estados condenaron los procesos que se están desarrollandp a lo largo y ancho de la isla  contra ciudadanos cubanos. Al igual que sucedió durante la primavera negra de 2003, se imponía un escarmiento y esta fue la vía que se encontró.

En los países en estado policial o militarizados, una de las misiones de la policía política va dirigida a la disgregación, el recelo y la discordia entre opositores y para ello, el miedo y la represión son sus armas predilectas. El chantaje, la elaboración de pruebas, el montaje de escenarios y los destierros son realizados con total impunidad.

Orlando Pérez

Bloguero de Cuba te cuenta.

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