AutorOrlando Pérez

La producción agropecuaria en Cuba sigue dejando mucho que desear. Su impacto negativo se percibe a diario en la mesa del cubano. Cantidad y variedad son sustantivos que se ausentan de las tarimas y lo poco que se comercializa, se hace cada vez a mayores precios dificultando la utopía del régimen de alcanzar la soberanía nutricional y alimentaria. La meta de alcanzar 30 libras de productos agrícolas y 5 kg de proteína animal por habitante parece de otra galaxia, pues cada vez distan más los insumos necesarios para ello. Tales son los casos, por ejemplo, de los abonos y fertilizantes, imprescindible para alcanzar mayores rendimientos y evitar las pérdidas por plagas. El productor debe adquirirlos en las tiendas de Moneda Libremente Convertible (MLC), pues en ningún otro establecimiento, ni con el peso cubano, se comercializa. Otro ejemplo de la poca voluntad del régimen por resolver el problema de la agricultura es el de la dificultad para adquirir los tractores que agilizan el trabajo, y que solo se venden en la zona del Mariel a la astronómica cifra de 10 000 USD, lo que equivale a 850 000 pesos cubanos*. El régimen podría subvencionarlos. En el 2020, el Ministerio de la Agricultura (MINAG) aprobó un grupo de 63 medidas que preveían dinamizar el sector. Tristemente, el pueblo nunca va a ver sus resultados, como no ha visto las toronjas, las piñas ni los limones porque hoy la prioridad es exportar. Un eslabón que el régimen considera fundamental para la soberanía nutricional y alimentaria es el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar que, según cifras oficiales, crece año tras año, y que ya alcanza los 10 m2 por habitante. Sin embargo, se trata de una arista limitada que por lo general solo se permite coseche hortalizas y condimentos y que, no goza de adecuados sistemas de riego y mantiene bajos rendimientos debido a la poca fertilidad del sustrato de los canteros. La recuperación bovina y, más recientemente, la porcina de la industria ganadera constituyen otra quimera del MINAG. Más allá de seguir entregando las tierras ociosas que tienen a formas productivas estatales; de elevar las deficientes bases alimentarias de los animales y estabilizar las fuentes de abasto; potenciar la siembra de alimentos proteicos y forrajes con los cuales complementar el déficit alimenticio; se impone liberar las fuerzas productivas. Otro problema del que no habla el régimen son los altos precios de agua y corriente que fueron aplicados como terapia de choque con la llegada del ordenamiento monetario y que también afectaron al sector agrícola. Estos precios tuvieron que ser renegociados y que propiciaron un parón productivo a inicios de 2021. Además, la contratación directa a productores sigue sin ser posible debido al papel del intermediario, un actor económico no reconocido oficialmente que, además de ser innecesario, contribuye a la elevación de precios. Sobre el Banco de Fomento, ni hablar. A pesar de haberse solicitado más de 588 000 000 de pesos cubanos —según la edición del 21 de diciembre el diario Granma— por conceptos de préstamos, de una asignación de 1 800 000 000 para estos fines, la realidad es que muy pocos campesinos quieren contraer deudas con el Estado. La historia y la experiencia les ha demostrado que esto se vuelve, a la larga, en un compromiso con el Estado, por lo que, además de devolverle con creces el préstamo, se ven obligados a venderle buena parte de su producción a precios estatales de acopio, es decir, a tarifas relativamente bajas y fijas de los almacenes agrícolas impuestos por el Estado para adquirir los productos de los campesinos. * Pudiera ser 240 mil pesos si el Estado vendiera el dólar al precio que rige la tasa de cambio. Como eso no sucede el mismo se adquiere vía informal a tres veces su valor.